La Consejeria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha impulsado un Protocolo con el objetivo de proporcionar un conjunto de recomendaciones para conseguir una rápida, eficaz y coordinada actuación ante las agresiones sexuales, que facilite la labor judicial y policial para que no desaparezcan las pruebas.
En la elaboración del “Protocolo de Atención Sanitaria a las Víctimas de Agresiones Sexuales” han contribuido profesionales sanitarios, forenses, fiscalía, decanato judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el centro Mujer 24 horas y la Subdelegación del Gobierno, entre otros.
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, señaló en la reunión del grupo de trabajo que el reto radica en "ofrecer una asistencia rápida, eficaz y coordinada que minimice el impacto de la agresión sobre la víctima y al mismo tiempo facilite la labor judicial y policial en la persecución de este tipo de delitos".
Además, Barceló explicó que el personal sanitario suele ser en quienes más confían las víctimas a la hora de revelar su situación, por ello “es importante favorecer una atención sanitaria eficaz y respetuosa, que vele por el respeto a la intimidad y tome en consideración las circunstancias que rodean a la víctima, para prestarle un apoyo específico necesario que facilite la labor judicial y policial, con el objeto de recabar la mayor cantidad de pruebas posibles antes de que estas se deterioren o desaparezcan”.
La sanidad valenciana ha querido resaltar la importancia de la coordinación, ya que la medicina forense, junto con la judicatura, la fiscalía, los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios especializados en violencia de género forman parte de la atención y la ayuda que deben brindar las instituciones públicas a las víctimas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual.
Al respecto, la consejera destacó que “es importante que los servicios sanitarios se coordinen con eficacia, prontitud y homogeneidad, con profesionales sensibles y con capacidad para tratar las manifestaciones de violencia de género y las agresiones sexuales en general”.
En la reunión del grupo se hizo especial mención a las mujeres con discapacidad física o mental, así como las embarazadas, ya que corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2017, de todos los delitos instruidos en los juzgados de violencia sobre la mujer, un 0,6% son contra la libertad sexual. En cifras, rondan los 830 casos de agresión sexual con penetración y son más de 6.000 los casos por otras agresiones contra la libertad sexual, lo que supone un importante porcentaje de las infracciones penales que se comenten y ocasionan graves secuelas psíco-emocionales en las víctimas.