La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) quiere hacer público su posicionamiento acerca de la crisis que sufre el sistema sanitario de las prisiones españolas. En un comunicado de prensa, la organización afirma estar "completamente de acuerdo en el diagnóstico realizado" por otros colectivos como la Plataforma de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP).
Pero, en este caso, la entidad va más allá y exige a los responsables políticos de la sanidad en general y de la sanidad penitenciaria en particular, el cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad de 2003 y que "lleva 16 años sin cumplirse". "La única solución al conflicto es el cumplimiento urgente de la ley y que se proceda a la integración inmediata de la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud de las comunidades autónomas", sentencia la entidad.
Lo que la SESP pide es la aplicación efectiva de la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad de 2003, que recoge la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a las Consejerías de Salud y Sanidad de las CC.AA..
LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD PENITENCIARIA
"Las lamentables condiciones laborales del colectivo, fundamentalmente económicas, son la causa de la falta de recambio generacional, del éxodo de profesionales hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la consiguiente insuficiente dotación de las plantillas lo que conlleva unas condiciones de trabajo inaceptables para cualquier profesional", lamenta la organización.
En una carta abierta remitida a los ministros del Interior y Sanidad y a los consejeros de Sanidad y Salud de todas las comunidades autónomas con fecha 24 de enero, la SESP denuncia que la sanidad penitenciaria está "agonizando" y considera que es "absolutamente necesario que se pongan de acuerdo, marquen unos plazos adecuados para las cuestiones técnicas y tomen ya la decisión política de transferir toda la sanidad penitenciara a los sistemas de Salud de las comunidades".