La Plataforma para la Defensa de la Sanidad ha reclamado a los Grupos Parlamentarios la aprobación de una nueva Ley de Salud para La Rioja. Ha sido, a través de una nota de prensa, en la que señalan que dicha norma pretende "mejorar la sanidad pública y con ello la atención a la ciudadanía es imprescindible que se promulgue una nueva Ley que sustituya a la actual en vigor de 2002, aprobada sin consenso social ni parlamentario" .
Ha recordado que dicha Ley "no ha servido para proteger y garantizar unos servicios sanitarios públicos". Los presupuestos de La Rioja "nunca financiaron adecuadamente la sanidad, ni en infraestructuras o profesionales sanitarios y no sanitarios al no contar con compromisos establecidos por Ley", ha señalado la Plataforma.
Esta norma permitió a Gobiernos conservadores sucesivos "a privatizar servicios sanitarios públicos". "Más de 400 millones se han venido desviando que entre otras cosas sirvieron para engordar las cuentas de los consejos de administración de empresas privadas".
La Ley actual "no garantiza la universalidad en la prestación de los servicios sanitarios públicos". Algunas de las dificultades actuales del sistema, "son fruto del abandono padecido por una Ley que se ha demostrado ineficaz para la sociedad".
La Ley establecerá plazos para la recuperación de todos los servicios sanitarios y no sanitarios que "hayan sido privatizados y protegerá a los que se han recuperado durante esta legislatura"
La nueva Ley de Salud Pública para La Rioja tiene que responder eficazmente a la salud la ciudadanía. Protegiendo por Ley desde el articulo 1º "una sanidad pública, universal, de calidad, suficientemente financiada y de acceso a todas las personas con independencia de su situación administrativa".
Una Ley que determine que el eje principal del sistema sanitario en La Rioja es la Atención Primaria "sin dependencias y con la autonomía necesaria para ejercer su función. Que su financiación sea del 25 por ciento del total del presupuesto que disponga anualmente la consejería de Salud".
La norma debe establecer "con claridad meridiana que el sistema sanitario público es el que detenta toda la capacidad operativa para actuar frente a la salud de la ciudadanía". La Ley establecerá plazos para la recuperación de todos los servicios sanitarios y no sanitarios que "hayan sido privatizados y protegerá a los que se han recuperado durante esta legislatura".
La transparencia y la participación "debe ser claramente impulsada por la Ley que establecerá pautas concretas para hacerla efectiva en los consejos de salud de zona, consejo de salud regional y mediante la recuperación de las comisiones de participación que el ámbito hospitalario que fueron eliminadas: Compras, farmacia, gestión operativa de los hospitales". "También serán ampliadas a presencia de colegios profesionales, organizaciones científicas, de derechos humanos y sociales", han señalado.
La salud mental "debe figurar expresamente en la Ley de Salud con un reforzamiento claro y con la incorporación de especialistas a los centros de salud y hospitales
La Ley "debe abordar la integración de todas las fundaciones sanitarias Hospital de Calahorra, Rioja Salud y otras si las hubiere". También debe hacerse una referencia expresa a la normalización de los productos farmacéuticos que fueron retirados de la financia pública utilizando como disculpa la crisis económica.
Además, se implantara un servicio de salud bucodental en cada centro de salud. También ha apuntado que la salud mental "debe figurar expresamente en la Ley de Salud con un reforzamiento claro y con la incorporación de especialistas a los centros de salud y hospitales. Igualmente con el derecho efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios públicos y el tratamiento adecuado de las enfermedades raras".
La Ley garantizara los recursos humanos y de infraestructuras para una gestión suficiente. La norma facilitara la mejora de la gestión y organización interna de los centros de salud teniendo siempre como eje la salud comunitaria. Para que estos cambios sean eficaces se requiere un tiempo para formar a la ciudadanía en educación para la salud y para que compruebe que esos cambios contribuyen a mejorar integralmente su salud y la de la comunidad.
La Ley, finalmente, garantizara que se adopten medidas que "eviten que con la aplicación de las nuevas tecnologías se discrimine negativamente a las personas de mayor edad o con escaso conocimiento tecnológico".