ANÁLISIS

Rechazo coral a la iniciativa de Podemos para incorporar a los mutualistas a la Seguridad Social

Son varias las entidades sanitarias que han mostrado sus discrepancias con la idea de la formación liderada por Ione Belarra.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo)
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo)

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20.09.2021 - 17:45

Tras tener noticia de la presentación de una Proposición No de Ley del grupo Unidas Podemos ante el Congreso de los Diputados para que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social, son varias las entidades sanitarias que han mostrado sus discrepancias con la idea de la formación liderada por Ione Belarra.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, ha emitido un comunidado en el que manifesta su rechazo a esta propuesta, puesto que "sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado, y reconocer, una vez más, los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario".

En este sentido, la Fundación IDIS ha querido hacer público un informe específico sobre el modelo de las mutualidades que analiza su evolución y aportaciones, y vislumbra las repercusiones de un hipotético cambio en el mismo. A su vez, ha querido reitear una serie de consideraciones.

"El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año"

"El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos", exponen.

Por otra parte, continúa IDIS, "como refleja el mencionado informeque señala que el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas".

Paralelamente, añaden, "es necesario tener en cuenta la accesibilidad a la asistencia sanitaria, que ahora existe y que se vería afectada de forma importante, dado que la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria".

"A estas repercusiones se une, a nivel social, la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe. Todo ello sin olvidar el impacto que el cambio del modelo tendría en zonas con escasa población, ya que en algunos territorios los hospitales asociados al mutualismo podrían desaparecer dejando sin cobertura sanitaria a la población asistida, máxime teniendo en cuenta que en algunos casos estos hospitales son los únicos de estas áreas", precisan.

VISIÓN SINDICAL

En la misma línea, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.

"Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva", declaran.

En este sentido, apuntan, "reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración".

"Desde CSIF lamentamos las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva"

CSIF también reclama a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España. De lo contrario, estas personas quedarían en una "situación muy comprometida", teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia.

"Desde CSIF recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio", concluyen.

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