La aprobación por el Gobierno, el pasado 8 de noviembre, del Anteproyecto de Ley de Medidas para Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, ha puesto de manifiesto un intento de hacer primar lo ideológico, sobre lo empírico. Una vuelta atrás en el tiempo, y tratar de recurrir al soporte del mito como explicación por encima de la razón y del sentido común. Uno de los objetivos del anteproyecto es derogar la Ley 15/1997, que adecuó la Ley de Sanidad de 1986 a nuevas formas de gestión. Mientras que Unidas Podemos (UP) pretende una supresión radical de cualquier elemento no sujeto al Derecho público en la gestión de la sanidad, el PSOE limita la gestión directa desde la Administración a fórmula preferente.
En nombre de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), que me honro en representar, voy a dar mi valoración general sobre esta iniciativa legislativa, aunque luego, como es lógico y pertinente me centraré más en lo que afecta al ámbito de nuestras competencias: la Comunidad de Madrid. Desde mi punto de vista, lo primero que advierto son las diferencias no disimuladas entre los socios de la coalición de Gobierno. Unidas Podemos (UP) arremete contra la sanidad privada porque luchar contra la misma es un mantra introducido en sus eslóganes y campañas electorales; desde el PSOE se trata de contemporizar esa exigencia, ganar tiempo, y supone aportar un baño de realidad.
No obstante, tengo que decir, soy moderadamente optimista. El motivo no es otro que la constatación de que vivimos en un Estado de Derecho y que nuestro ordenamiento constitucional reconoce la libertad de empresa en un marco de economía de mercado. Si el primer paso para solucionar un problema es aceptar la realidad, hay que reconocer que dentro de la complejidad del sistema sanitario español, histórica y coyunturalmente se han dado y siguen dando situaciones en las que esa colaboración público-privada en sanidad es ineludible por las propias necesidades de los pacientes, cuyo derecho a la protección de la salud también está garantizado por la Constitución.
"Unidas Podemos arremete contra la sanidad privada porque luchar contra la misma es un mantra introducido en sus eslóganes y campañas electorales; desde el PSOE se trata de contemporizar esa exigencia y ganar tiempo"
Tenemos y hemos tenido áreas geográficas con déficit de servicios sanitarios públicos, colapsos en la demanda y aumento de las listas de espera, necesidades de apoyo tecnológico agudizadas por las limitaciones presupuestarias en algunas Comunidades Autónomas, desarrollo de campañas de screening y así hasta un largo etcétera de situaciones en las que esa colaboración público-privada resuelve problemas concretos. Además, dado el régimen de contratación de las Administraciones públicas, hay que añadir que la competencia entre proveedores además de constituir una medida de contención del gasto, dado el sistema de concurso, implica además mejoras en la atención a los usuarios, puesto que su grado de satisfacción está contemplado en las evaluaciones.
De hecho, distintos grados y fórmulas de colaboración público-privada en sanidad se han dado en distintas Comunidades Autónomas con gobiernos de distinto signo. Ha habido, como es lógico y ocurre en cualquier otra esfera de la vida, experiencias positivas o negativas que, con independencia de la gestión pública, privada o mixta, han dependido igualmente de otras variables que en sanidad son tremendamente dinámicas. Entendemos que, en todos los casos, desde el convencimiento de que no es ético derrochar recursos, se ha buscado la mejor de las opciones posibles para los ciudadanos.
"Tengan la seguridad de que si a través de una ley irracional se ahoga la sanidad privada, la sanidad pública colapsaría de inmediato por falta de capacidad para atender a la práctica totalidad de la población española"
A mayor abundamiento, si observamos el proyecto de Presupuestos Generales de Estado para 2022, podemos darnos cuenta de que muy probablemente las distintas Comunidades Autónomas, o por los menos algunas de ellas, tendrán que seguir recurriendo a fórmulas de colaboración público-privada. Dichos Presupuestos recogen más de 1.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de los que cerca de 400 estarán destinados al Plan de Renovación de Tecnologías Sanitarias. Ocurre sin embargo, advierten desde FENIN, que “siendo una buena noticia, resultarán insuficientes”. En ese sentido, señalan, será lógico que se tenga que recurrir a la colaboración público-privada para renovar el sistema en función de las necesidades de los pacientes que, en algunos casos, resultarán ineludibles, dado que el 60% de los equipos tienen una antigüedad superior a diez años, el límite de funcionamiento previsto.
A todo esto, sería necesario añadir la descarga de demanda a la sanidad pública, que implica el que prácticamente un tercio de la población española disponga de doble cobertura por estar abonando una póliza privada de seguro y tener al mismo tiempo derecho de acceso a la sanidad universal. Hablamos de miles de millones. Tengan la seguridad de que si a través de una ley irracional se ahoga la sanidad privada, la sanidad pública colapsaría de inmediato por falta de capacidad para atender a la práctica totalidad de la población española. No lo deseo en absoluto y estoy convencido que no es un escenario posible.
Centrémonos ahora en el caso de la Comunidad de Madrid. Recordemos que el Gobierno central es el responsable de la coordinación general, la alta inspección, la legislación básica, las políticas farmacéuticas y de formación de profesionales y la salud internacional, y que, por otra parte, las Comunidades Autónomas poseen las facultades de planificación sanitaria y una amplia capacidad de organizar territorialmente sus servicios de salud. En el caso de Madrid, nuestra relación como empresas sanitarias privadas con la Administración siempre se ha movido por criterios de colaboración y complementariedad, respetando en todo momento como autoridad sanitaria al Gobierno regional y su Consejería de Sanidad. En ese marco, disfrutamos de la seguridad jurídica de trabajar con unos contratos claros y precisos que definen perfectamente nuestras actuaciones. Es más, estamos convencidos, de que si de alguna manera se cuestionaran por parte del Gobierno central, las colaboraciones público -privadas que se desarrollan en la sanidad madrileña, nuestra única misión sería dar todo nuestro apoyo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que emplearía todas las herramientas legales a su alcance para disipar ese posible atropello de sus competencias de gestión de los servicios sanitarios.
"La sanidad privada de la Comunidad de Madrid presta en estos momentos asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población, y lo hace con 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios, 250 quirófanos y un parque tecnológico puntero en renovación continua"
El proyecto de Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2022 es coherente con las necesidades de la población. En Sanidad asciende a 8.783 millones de euros, un 8,6% más que en 2021, muy por encima del nivel de inflación. La Atención Primaria contará con 2.056 millones de euros. En infraestructuras destaca la reforma del Hospital La Paz, dotada de 3,7 millones y la reforma integral del Hospital 12 de Octubre con 90 millones de euros para dicho ejercicio. La reducción de listas de espera, en su conjunto, dispondrá de 65 millones de euros, la Salud Mental de 9,2 millones en 2022 y 33 millones en tres años. La telemedicina y la teleasistencia del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tendrá 2,5 millones de euros. Entendemos, en consecuencia, que estamos en buenas manos.
La sanidad privada de la Comunidad de Madrid presta en estos momentos asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población, y lo hace con 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios, 250 quirófanos y un parque tecnológico puntero en renovación continua. Nuestra disposición a seguir colaborando con la Consejería de Sanidad, en la referencia de absoluta colaboración que venimos desarrollando desde hace años, nos permite pensar que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no se verán afectados por el Anteproyecto de Ley, citado al inicio de la presente tribuna, en el supuesto, todavía hipotético, de que llegue a ser aprobado.