El refrán “el que calla, otorga” me ha parecido siempre una muestra de acierto de la sabiduría popular. No obstante, tengo que reconocer que, en algunas ocasiones, por prudencia, por no dar pábulo a insidias o a falsedades manifiestas, he callado, para no dar pábulo a lo que desde el principio estaba fuera de lugar. Ahora, sin embargo, como representante de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), un sector en el que creo y al que he dedicado mi vida profesional, si me callo ante lo que estoy viendo, literalmente reviento. No puedo soportar que de manera sistemática se trate de engañar, se insista en denostar al sector privado como si fuera la expresión de todos los males, aplicando un reduccionismo infantil a una cuestión tan compleja como es la asistencia sanitaria.
Viene todo esto a colación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que el pasado 4 de octubre presentó en el Congreso de los Diputados la llamada Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Quiero en principio compartir qué es y para qué sirve en realidad una ILP y seguidamente mostrarles, en lo que me atañe, que es la Comunidad de Madrid, lo que significa y aporta el sector de la sanidad privada en nuestra región.
Las ILP son desde luego una garantía más de nuestro Estado de Derecho, recogida en el artículo 87.3 y siguientes de la Constitución española de 1978, y desarrollada en su correspondiente ley reglamentaria, Ley Orgánica Nº 3 de 1984. Al margen de los grupos parlamentarios y los partidos que ostentan la representación de los ciudadanos tras un proceso de elecciones generales, la sociedad civil tiene la posibilidad de instar al Parlamento una iniciativa legislativa y que esta sea debatida y en su caso aprobada o denegada. Para poder presentarla, los promotores de la ILP deben reunir 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos mayores de edad.
No puedo soportar que de manera sistemática se trate de engañar, se insista en denostar al sector privado como si fuera la expresión de todos los males, aplicando un reduccionismo infantil a una cuestión tan compleja como es la asistencia sanitaria
Esta bien, no lo discuto, pero la realidad se impone. Si una determinada demanda social no cuenta con un número suficiente de diputados para que planteen una proposición de ley para someterla a debate, mal empezamos. Aunque los promotores de una ILP alcancen las 500.000 firmas y con ello lleguen al Parlamento, a partir de ese momento la iniciativa entra en el juego de la aritmética parlamentaria. De hecho de las sesenta y tantas ILP presentadas desde 1977, sólo doce superaron la barrera de las 500.000 firmas y únicamente una de ellas consiguió lo que se proponía, la modificación de un artículo de una ley. Es decir, una ILP no es una herramienta útil para modificar el corpus legislativo.
¿Para qué sirve entonces? Lisa y llanamente, hasta donde conozco, se están utilizando para acciones de agitación y propaganda. Los promotores y aquellos en los que deleguen como fedatarios de la veracidad de las firmas, tiene ocasión de, para recoger dichas firmas, organizar actos, festivales, manifestaciones, poner mesas en algunos organismos públicos, en la calle… Así está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y por supuesto lo respeto.
Lo que no me gusta, dicho con absoluta franqueza, porque no comparto lo que dice, es la ILP de la llamada CAS, una asociación de asociaciones. Observo que están bien organizados. Entre los promotores, distribuidos por once Comunidades Autónomas, hay personas destacadas de los sindicatos anarquistas CNT y su escisión CGT, del Sindicato Asambleario de la Sanidad, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, del Partido Comunista de España y otras entidades y observatorios.
Percibo asimismo planificación. La portavoz de la CAS, la Dra. Ángeles Maestro, antigua diputada de Izquierda Unida, en la web de IZAR (Izquierda Anticapitalista Revolucionaria) ha señalado: “A partir de octubre de 2021 iniciaremos movilizaciones, no para pegar carteles, sino para organizar lo que llamamos defensa de la salud contra el lucro de las empresas y sus cómplices”. Pinza, posible coincidencia o acción coordinada, con lo señalado el pasado 1 de julio por Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, que indicó que “su formación trabajará para derogar todas las normas de ámbito estatal que favorezcan la privatización de la sanidad pública y en concreto la Ley 15/97 del Partido Popular sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud”.
Esta ILP presentada el 4 de octubre falta a la verdad en su exposición de motivos, cuando equipara la colaboración público-privada, que se da en otros muchos sectores, con “privatización de la sanidad”
Estamos en el primer acto, presentación de la ILP, de un proceso destinado al acoso y derribo, si pueden, de la sanidad privada. Ahora la Mesa de Congreso, hasta el 20 de octubre, dispone de ese plazo para decidir si se admite. Si así fuera, empezará a correr un plazo de nueve meses en los que deben estar recogidas las 500.000 firmas.
Esta ILP presentada el 4 de octubre falta a la verdad en su exposición de motivos, cuando equipara la colaboración público-privada, que se da en otros muchos sectores, con “privatización de la sanidad”. Privatizar es la venta de una empresa del Estado, de una Comunidad Autónoma o de un ayuntamiento a una empresa privada. Y eso, en sanidad, ni se ha dado ni el actual ordenamiento jurídico lo permite. A partir de esa falsa premisa, a la que añade diversas valoraciones de una peor gestión de la privada con respecto a la pública, no demostrada en ningún estudio serio, la ILP demanda la derogación de varios artículos de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y la derogación completa de la Ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud (Ley 15/1997).
Retrocedamos un poco en el tiempo. En 1997, un Gobierno en minoría del Partido Popular sacó adelante un proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud. La aprobación por parte del Congreso de los Diputados fue contundente. Trescientos diez votos a favor de PP, PSOE, CC, CiU y PNV; diecinueve en contra, de IU y BNG, y una abstención.
El objetivo, conseguido, fue adecuar la Ley General de Sanidad de 1986 a la realidad de la sanidad en las distintas Comunidades Autónomas. Históricamente en alguna de ellas ya se daba un amplio abanico de colaboración público privada desde los tiempos de la Seguridad Social previa a la Transición, pero además se necesitaba agilizar procesos administrativos y de gestión encorsetados por el Derecho Público. No sólo se avanzó en opciones de colaboración público-privada en conciertos parciales y sustitutorios, siempre sometidos al control y valoración de los Servicios de Salud de las respectivas Comunidades Autónomas que mantienen la titularidad, sino que se pudieron constituir empresas sanitarias públicas (fundaciones, departamentos transversales, institutos de investigación, etc.) con un funcionamiento de gestión más acorde alas necesidades de los pacientes. Y todo eso, parece que resentidos por aquella derrota parlamentaria, ahora pretenden cargárselo de un plumazo lo que crearía una situación de vacío organizativo que la asistencia sanitaria no podría soportar.
La sanidad privada de la Comunidad de Madrid actualmente presta asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población, y lo hace con 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios, 250 quirófanos y un parque tecnológico puntero en renovación continua. Tengo la absoluta seguridad de que la ILP del 4 de octubre no saldrá adelante. Sí así fuera nos enfrentaríamos a la más terrorífica de las distopías posibles, ya que violentar gravemente la actual situación, acarrearía un colapso absoluto de la sanidad pública, que no podría asumir las necesidades de los ciudadanos madrileños. Nadie en su sano juicio puede pretender tal desastre y por tanto, insisto, no prosperará. Mientras tanto, lo que vamos a tener que soportar es esa campaña de agitación y propaganda falaz que perturbará la convivencia.