España es uno de los países de la Unión Europea con una legislación más avanzada en materia de objeción de conciencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, los especialistas denuncian que “en la práctica es como si no se hubiera avanzado nada”. Así lo afirma en declaraciones a ConSalud.es el miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de Anticoncepción, el ginecólogo Roberto Lertxundi, que ha encabezado al grupo de expertos que han desarrollado un proyecto de recomendaciones previas para que el Parlamento Europeo regule la objeción de conciencia sobre el aborto.
Además, desde esta sociedad científica denuncian que la objeción de conciencia en materia de abortos no se realiza acorde a la legalidad. “La normativa es muy clara, la objeción de conciencia en España tiene que ser individual y de personal sanitario directamente implicado, es decir, que no puede hacerlo un Servicio de Ginecología en bloque ni un hospital como tal, lo tiene que hacer cada persona de manera individual anticipadamente y por escrito”, aclara Lertxundi.
“La normativa es muy clara, la objeción de conciencia en España tiene que ser individual, no puede hacerlo un Servicio de Ginecología en bloque ni un hospital como tal"
Sin embargo, en España la ley no se cumple. La objeción de conciencia continúa siendo algo clandestino y que funciona sin declarar, añade este especialista. Desde la Sociedad Española de Contracepción exponen de ejemplo el caso de Navarra, donde se llegó a establecer un registro de objetores. “Se apuntaron tres médicos, fracasó totalmente y no se hizo ni un solo aborto en la sanidad pública”.
Los últimos datos actualizados con los que cuenta el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2016 revelan que hasta 17 provincias no practicaron ninguna interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que las pacientes debían trasladarse a otra zona para someterse a esta prestación sanitaria incluida en la Cartera General de Servicios de la Seguridad Social.
BAILE DE CIFRAS ENTRE CC.AA.
Todo ello conlleva a que “la inmensa mayoría de pacientes tienen que recurrir a clínicas privadas”. Roberto Lertxundi destaca que más del 90% de los abortos en España se practican en la red sanitaria privada. “En la pública está creciendo algo en los últimos años gracias al aborto farmacológico”.
La disparidad de datos entre comunidades autónomas es abismal. Mientras en Cataluña, por ejemplo, el 25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados, en Andalucía el porcentaje es sólo del 2%. En la Comunidad de Madrid se sitúa en el 0,5%. Los expertos denuncian la pasividad de las Administraciones al respecto. “La inspección sanitaria debería atender una situación tan anómala como esta. El aborto está estigmatizado debido a la ideología, a las creencias religiosas… Tiene que actuar la inspección”, dice Lertxundi.
SIN APENAS JURISPRUDENCIA
La Sociedad Española de Contracepción no duda en que el último recurso que queda ante esta realidad es el de denunciar este tipo de objeciones de conciencia ante los tribunales. Los casos por ahora son anecdóticos. En 2016 la justicia condenó al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a indemnizar con 270.000 euros a una paciente que perdió el útero tras ser derivada a una clínica privada de Madrid desde un hospital de Burela (Lugo) para abortar. En su centro de referencia los facultativos no quisieron practicarlo acogiéndose a la objeción de conciencia.
Casos así son aislados, de hecho, en dos años que han pasado desde que ocurriera este suceso en Galicia, la comunicación de interrupciones voluntarias del embarazo en esta comunidad autónoma no ha experimentado cambios contundentes. Los hospitales públicos siguen sin practicar abortos acogiéndose a la objeción de conciencia de una manera sobrevenida, justo lo contrario a lo establecido por la ley.