La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, se va a reunir esta mañana con representantes de Avite, concretamente con Rafael Basterrechea, vicepresidente de la organización, y el abogado de la misma, Ignacio Martínez.
El objetivo del encuentro es determinar el tratamiento fiscal que por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se pretende dar a las ayudas que han de percibir los afectados por la talidomida en España que se contemplaron en la Ley de Presupuestos Generales de 2018.
Los socios de Avite aprobaron en asamblea no aceptar compensaciones con un trato fiscal diferente a los afectados europeos
La lucha por unas compensaciones libres de impuestos no es nueva. A finales de noviembre, en esta ocasión en una reunión con la directora general del Imserso, Carmen Olarte. En aquella ocasión Basterrechea afirmó a ConSalud.es que la reunión no fue “nada agradable”. El enfado vino porque se les prometió que las compensaciones económicas de los afectados por la talidomida iban a estar libres de tributaciones económicas como las del resto de afectados por otras causas, como los accidentes de tráfico, algo que finalmente parece que no va a producirse.
Los cientos de socios de Avite decidieron a finales de diciembre que no aceptarían un trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo, es decir, el de la exención fiscal, exención que igualmente alcanza a otros colectivos en España como los contagiados por el VIH o el VHC, los lesionados en accidentes de tráfico, las víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño causado por la Administración Pública.