La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno que "cierre ya" el concierto sanitario con las aseguradoras para los próximos años.
CSIF manifiesta su preocupación ante el retraso del acuerdo entre Hacienda y las citadas compañías, la "falta de transparencia" por parte del departamento de María Jesús Montero y las quejas trasladadas por las entidades médicas sobre "el déficit de financiación de este sistema".
"Estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia"
En este sentido, CSIF exige un concierto que cuente con una financiación suficiente que garantice la calidad asistencial del millón y medio de personas acogidas a Muface.
Se da la circunstancia de que el Gobierno destinó un fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas para hacer frente al sobrecoste de hospitalizaciones y tratamientos derivados del covid en la sanidad pública. Sin embargo, la atención sanitaria al colectivo de funcionarios mutualistas no ha recibido ninguna compensación para hacer frente al gasto ocasionado por el virus. "Estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia", expresan.
"En CSIF, reclamamos una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración", apuntan.
En este sentido, CSIF asegura que "no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria".
"Surge no como un privilegio sino como un modelo de seguridad social nacido para corregir una discriminación que padecían los funcionarios respecto al resto de ciudadanos españoles y sigue sin ser un privilegio en la actualidad, aunque algunos se encarguen en intentar hacer ver lo contrario, con criterios ideológicos"
Por tanto, continúan, "surge no como un privilegio sino como un modelo de seguridad social nacido para corregir una discriminación que padecían los funcionarios respecto al resto de ciudadanos españoles y sigue sin ser un privilegio en la actualidad, aunque algunos se encarguen en intentar hacer ver lo contrario, con criterios ideológicos. Recientemente el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva".
Además, la atención sanitaria que realizan estas entidades se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y están enmarcadas en las prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.