El caso de la niña gallega reabre el debate de la muerte digna

En una habitación del hospital clínico de Santiago de Compostela una niña de 12 años vive. Respira, le late el corazón. Sin embargo, una enfermedad neurodegenerativa irreversible la aboca, desde hace meses, a la muerte. Según su madre, se queja de dolor, y su cuerpo ni siquiera acepta ya la alimentación artificial. Su pediatra, su familia, el comité de bioética del hospital, lo aceptan, y aconsejan retirarle el soporte vital que la mantiene con vida para que deje de sufrir. Pero el servicio de Pediatría del centro se ha mostrado reacio a aplicar esta medida, generando un conflicto que, presumiblemente, acabará en los tribunales.

Casos similares a este son comunes en muchos hospitales españoles, ante la falta de una legislación estatal que ampare la muerte digna o voluntaria. Galicia fue la última de lasseis comunidades autónomas que aprobó una norma a este respecto a nivel regional, pero la falta de un marco común en su aplicación ha provocado una situación de bloqueo, que se remonta a varios meses.

“El problema es que estas prácticas médicas están reguladas en el Código Penal, en el artículo143, que condena al que coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro”, señala a Consalud.es Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente(DMD).

Por tanto, aunque autonomías como Andalucía, Baleares, Navarra, Aragón, Canarias, la propia Galicia y País Vasco (esta última aún en trámite) hayan aprobado normativas para regular el derecho a una muerte digna, estas “no tienen potestad para cambiar el ordenamiento jurídico”, por lo que, en casos como el de Santiago de Compostela, pueden llegar a resultar insuficientes.

“Las leyes autonómicas lo que hacen es desarrollar un poco la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 en materias como el testamento vital, garantías de calidad asistencial o la sedación paliativa terminal”, señala Montes, quien considera que, mientras no surja una ley que elimine el citado artículo del Código Penal, medidas como la retirada de soportes vitales o el suicidio asistido no estarán amparadas jurídicamente.

Desde 2002, sólo el Gobierno de Zapatero intentó tramitar una ley de muerte digna y cuidados paliativos en 2011 que, si bien, no llegó a aprobarse. Además, como señala el portavoz de DMD, “esa Ley tampoco cambiaba el ordenamiento del Código Penal”.

SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES

Mientras en España la muerte digna aún no se ha regulado a nivel estatal, en otros países, este tipo de legislación está más desarrollada. Así, en 2001 Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia activa y el suicidio asistido. En Bélgica, además, también es legal desde 2014 la eutanasia infantil.

En Estados Unidos, hasta cinco estados tienen leyes de muerte digna aprobadas y en Suiza, aunque la eutanasia no es legal, sí lo es el suicidio asistido. Por su parte, Reino Unido votó recientemente una Ley de Muerte Asistida, que finalmente fue rechazada por la Cámara de los Comunes.

En España, ante la ausencia de un “marco jurídico que particularice los casos concretos”, son los médicos los que suelen tener la potestad en situaciones donde los pacientes solicitan una muerte digna. En este sentido, Marcos Gómez, Coordinador del Grupo de Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial, considera que "en lugar de hacer tantas leyes, lo que tiene que habers es una mayor formación de los profesionales, para que sepan aplicar el marco legal, sigan el código deontológico y no se obstienen en este tipo de casos", señala a Consalud.es.


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