Unos 15.000 profesionales de los sectores sanitarios y sociosanitarios que desarrollan sus funciones en centros de Francia han sido suspendidos de funciones al no vacunarse frente a la COVID-19. Así lo reflejan los datos oficiales proporciondos por el Gobierno de Emmanuel Macron, institución que recuerda que el 15 de octubre terminó el plazo para inocularse frente al SARS-CoV-2 con pauta completa.
El país galo, que presenta una de las peores tasas de vacunación en colectivos sanitarios a nivel europeo, optó en el mes de julio por la obligatoriedad de la vacunación si los trabajadores no querían exponerse a sanciones ligadas al cese de la práctica de su profesión. Sin embargo, el Ejecutivo francés recuerda que esta suspensión puede levantarse, toda vez que el profesional decida vacunarse frente a la enfermedad que ha ocasionado la mayor crisis sanitaria del último siglo.
El titular del Ministerio de Sanidad, Olivier Véran, ha anunciado que, de los 15.000 profesionales, un número sustancial "ha indicado su interés por vacunarse, o ya está en ello, al ver que se aplica la Ley". En este sentido, ha añadido que ningún hospital ni centro residencial ha visto limitada su actividad o ni se ha visto obligado a cerrar sus puertas.
El objetivo, manifiesta el representante público italiano, es llegar al invierno con las máximas garantías, evitando nuevos confinamientos ligados a la pandemia
Fue el 16 de septiembre cuando el Consejo de Ministros de Italia optó porque todos sus trabajadores, ya sean del sector público o privado, cuenten con un 'green pass' completo para ejercer su actividad. Esto se traduce en haber recibido la vacuna, presentar una prueba PCR efectuada en las últimas 72 horas o superar la enfermedad en los últimos tres meses.
"Italia se pone a la vanguardia en el mundo", asegura el ministro de Administración Pública, Renatto Bruneta, en una decisión que también afecta a los sanitarios. El objetivo, manifiesta el representante público, es llegar al invierno con las máximas garantías, evitando nuevos confinamientos ligados a la pandemia.
Los trabajadores que obvien esta nueva norma jurídica y desarrollen sus funciones sin el 'green pass' podrán ser sancionados con una multa que oscila entre los 600 y los 1.000 euros, toda vez que para el empresario que permita esta actitud el castigo económico varía entre los 400 y los 1.000 euros.
"Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa a vacunarse ha tenido severos costes para todos"
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó en septiembre la vacunación obligatoria contra la COVID-19 de todos los empleados del Gobierno federal. Al contrario que en Italia, Estados Unidos establece un mandato para los 2,1 millones de empleados del Ejecutivo que, hasta la fecha, tenían la posibilidad de no vacunarse si se sometían a pruebas periódicas de la COVID-19.
En el ámbito sanitario, este precepto se aplica a los trabajadores de la mayoría de centros sanitarios del país que obtienen dinero federal de los programas Medicare o Medicaid, algo que afecta a unos 50.000 proveedores de salud en el territorio.
"Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa a vacunarse ha tenido severos costes para todos", declaró Biden a los casi 80 millones de estadounidenses que, si bien cumplen todos los requisitos para recibir la vacuna, se niegan a inmunizarse.