Coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación insuficiente de mascarillas en las cárceles españolas.
CSIF ha alertado de que en las prisiones se entrega a los trabajadores una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio.
La central sindical entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla
La central sindical entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud.
Por otra parte, CSIF ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en prisiones (apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos) al entender que no se ajustan a derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene (no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros).
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
El uso obligatorio de mascarillas confirma una exigencia de este sindicato, según la propia CSIF desde el minuto uno de la crisis, pero es una medida insuficiente y que llega tarde.
El sindicato ha venido reclamando desde el pasado febrero dotación de mascarillas y de equipos de protección individual para todas las personas trabajadoras, que deben complementarse con actuaciones clave, como la los test masivos y un refuerzo en la Atención Primaria para realizar una vigilancia epidemiológica correcta.
El sindicato ha venido reclamando desde el pasado febrero dotación de mascarillas y de equipos de protección individual
El personal de las empresas privadas y de las Administraciones Públicas (Sanidad, Prisiones, Justicia, Educación, etc.) afronta la desescalada con incertidumbre y temen que se produzca un nuevo foco de contagios por la falta de previsión en este ámbito.
El personal sanitario de Atención Primaria, desgraciadamente, sigue sin contar con los test PCR que exige Sanidad como base de su estrategia para la desescalada. Exigimos, por tanto, pruebas masivas de anticuerpos, que aseguren un correcto diagnóstico serológico de cada profesional.
Por último, para CSIF, según señala, es fundamental que el Gobierno publique cuanto antes una Guía de distribuidoras y marcas de mascarillas que reúnan las condiciones de seguridad necesarias, ante las informaciones contradictorias que recibe la ciudadanía y la incertidumbre generada al respecto.