El Defensor del Pueblo ha vuelto a alabar el trabajo realizado por Instituciones Penitenciarias para frenar los contagios de la Covid-19 en las prisiones españolas. Así lo ha hecho en su Informe Anual publicado este jueves y entregado a las Cortes Generales y que viene a reiterar el reconocimiento realizado en anteriores publicaciones de esta institución, como por ejemplo el informe 'Actuaciones ante la pandemia de Covid-19'.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insiste en la capacidad de control de la pandemia que se ha tenido en los centros penitenciarios. "Hay que congratularse por la contención del virus Covid-19 en el ámbito penitenciario. Las medidas adoptadas han dado fruto y es de esperar que la experiencia acumulada sirva para seguir combatiéndolo con eficacia en el año 2021", se recoge en el citado documento.
"Las medidas adoptadas han dado fruto y es de esperar que la experiencia acumulada sirva para seguir combatiendo la Covid-19 con eficacia"
Pese a estas buenas palabras, Marugán también lanza un mensaje al Ministerio del Interior, que actualmente tiene las competencias en materia sanitaria de las prisiones, sobre la necesidad de atajar el déficit de profesionales sanitarios en los centros. "La importancia de la salud en el año 2020, mejor apreciada en cuanto perdida por tantos por la pandemia, obliga a volver a recordar la necesidad de solucionar el problema de la falta de médicos y resto de personal sanitario en las prisiones", afirma.
LA COVID-19 EN LAS PRISIONES
En este Informe Anual 2020, el Defensor reconoce también el esfuerzo realizado por los reclusos. "La vulnerabilidad de los presos lo es especialmente en el ámbito de la salud, por las características mayoritarias del colectivo, y debe por tanto ser mayor el compromiso de los poderes públicos, y no solo del ámbito estrictamente penitenciario. Ha de ponderarse que los éxitos en el combate contra la epidemia hubieran sido imposibles sin el compromiso de los propios presos, que han debido soportar la inevitable limitación de algunos de sus derechos en aras de la preservación de la vida y la salud. Ciertamente, como el conjunto de la sociedad, pero con la penosidad inherente a la privación de libertad en un centro penitenciario", sostiene.
"Era evidente el peligro —teniendo en cuenta la directa relación entre «vida en común» y fallecimientos que se viene sufriendo en el país— de que el virus produjese una elevada mortalidad en las prisiones, tanto entre internos como entre funcionarios. Sin embargo, no ha sido así", se indica en este documento firmado por Fernández Marugán.
"Los éxitos en el combate contra la epidemia hubieran sido imposibles sin el compromiso de los propios presos"
En esta línea, recuerda que las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior fueron positivas. "Se tomaron precauciones para impedir o limitar el número de contagios, hubo mucha información en los módulos para concienciar a los internos, se utilizó la videoconferencia para compensar la supresión de visitas presenciales...", apunta.
El resultado de todo ello se recoge en el balance facilitado el 4 de noviembre al Defensor del Pueblo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en cuanto a contagios y fallecidos por Covid-19. "Del 14 de marzo al 21 de junio, primer estado de alarma: cuatro funcionarios fallecidos (centros penitenciarios de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel); dos internos fallecidos (Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera). El número de positivos entre los funcionarios fue de 278 y, entre los internos, de 85. b) Desde el 22 de junio, período intermedio entre estados de alarma: cero funcionarios fallecidos; un interno fallecido (Centro Penitenciario de Alicante). El número de positivos entre los funcionarios fue de 436 y entre los internos de 440", cita el Defensor del Pueblo.
"Baste la comparación de estas cifras con lo sucedido en los centros de mayores para concluir la eficacia que, hasta el momento, ha alcanzado la gestión de la pandemia en el ámbito penitenciario", concluye el ente público en su Informe Anual.