El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha originado una pandemia que ha puesto en jaque a las sociedades, economías y sistemas sanitarios de todo el mundo. La Covid-19 se ha extendido a través de las fronteras con más de cuatro millones de contagiados y con una cifra global de fallecidos que supera los 283.000.
En el actual escenario de crisis sanitaria las residencias de ancianos se han convertido en uno de los principales focos de contagio debido a la inmunosenescencia de nuestros mayores que cuentan con sistemas inmunitarios más debilitados y, en la mayoría de los casos, presentan patologías previas que se ven agravadas por la Covid-19.
Un caldo de cultivo que se ha traducido en elevadas cifras de contagiados y fallecidos en estos centros en todos los países. La sociedad ha sido testigo de cómo el virus se ha cebado sin piedad con los ancianos, el grupo más vulnerable en esta pandemia.
Partiendo de este punto se ha hecho pública la querella criminal colectiva presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) por Marea de Residencias. Organización bajo la que se agrupan familiares de personas mayores en residencias en nuestro país y muy próximo a Podemos.
Esta querella se dirige contra la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad de la región, representadas físicamente por las figuras de Isabel Díaz Ayuso y Enrique García Escudero respectivamente, además de contra 10 directores de residencias privadas, concertadas, de gestión indirectas y públicas. Lo cierto es que, básicamente, pone el foco en los grupos Domus y Ballesol, abviando que estamos ante un problema de salud pública que lo están sufriendo un gran número de país originado por la pandemia.
JUSTICIA SESGADA Y CONTRA LA COMUNIDAD DE MADRID
Tal y como ha informado Marea de Residencias a través de un comunicado, la querella se ha presentado después de recabar durante semanas el testimonio de decenas de familiares y trabajadoras. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región.
Las residencias se han convertido en focos de rápida propagación del virus en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en todo el mundo
El comunicado indica que en la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con alrededor de 50.000 residentes de las que 25 son totalmente públicas. El dato a nivel nacional es de 5.457 residencias. En el momento de redactar la querella y tal y como recogen en el citado comunicado, los fallecidos con coronavirus en la región eran a principios del mes de mayo 7.092.
Es cierto que los ancianos son uno de los grandes grupos de riesgo en esta pandemia y que las residencias se han convertido en focos de rápida propagación del virus en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en todo el mundo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba hace unas semanas que pronto darían a conocer las cifras que la pandemia había dejado en nuestras residencias de mayores. A día de hoy, ese dato obra en manos del Gobierno cedido por las comunidades autónomas, pero todavía no se ha hecho público al conjunto de la población como sucede con los nuevos confirmados vía PCR, altas hospitalarias o nuevos decesos.
De acuerdo a los datos ofrecidos por las comunidades autónomas de los que se hacen eco en RTVE, hasta la fecha habrían fallecido en todo el conjunto del territorio nacional 17.726 personas en este tipo de centros. Además de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las regiones que más fallecidos en residencias han reportado.
Hasta la fecha habrían fallecido en todo el conjunto del territorio nacional 17.726 personas en este tipo de centros
Un dato que revela que alrededor del 66% del total de fallecidos en nuestro país se ha producido en estos centros ya sean de carácter público, privado o concertado, un datos similar al resto de los países donde la pandemia ha golpeado con más fuerza a este colectivo.
CONTRA LAS RESIDENCIAS PRIVADAS
La querella presentada por Marea de Residencias es lícita desde el punto de vista del dolor de los familiares de los fallecidos, pero injusta y sesgada si se analiza desde una perspectiva práctica. Como hemos visto, el 66% de todos los fallecidos en España con coronavirus procede de residencias de ancianos. La Comunidad de Madrid es solo uno de los tantos y tantos territorios que han sido duramente golpeados.
Motivo por el que se debe pedir responsabilidades para todos y no para unos pocos utilizados como resortes de unos intereses partidistas en base a la región en la que el virus les arrebató la vida. Los muertos no son números, son personas y el dolor por estas pérdidas es el mismo en Madrid que en Barcelona, Sevilla, Valencia, Cáceres, Vigo, Mallorca, Bilbao o en cunlquier arte del Mundo donde han sufrido esta tragedia.
A colación de esta reflexión es necesario poner el foco en otro de los datos ofrecidos por Marea de Residencias: “El 26 de marzo se publica por el consejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, los datos desagregados de todas las residencias. En dichos datos los porcentajes de fallecidos en residencias totalmente públicas es de 1,63% y las residencias privadas un 2,18%. En las trece residencias privadas intervenidas los fallecidos superan el 10% del total de fallecidos en las Residencias de la Comunidad de Madrid”.
Unas afirmaciones que recuerdan sobremanera el discurso de Marea de Residencias con el del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias
La fotografía presentada por estas declaraciones es una acusación más o menos velada hacia las residencias de titularidad privada, concertada o de gestión mixta. Una suerte de crítica hacia los centros de mayores privados con el objetivo de dar a entender que nuestros mayores han estado más desprotegidos que bajo el amparo público. Unas afirmaciones que recuerdan sobremanera el discurso de Marea de Residencias con el del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
EL DISCURSO DE PABLO IGLESIAS
El pasado 29 de abril iglesias defendía en la Sesión de Control al Gobierno la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación a las residencias de ancianos, acusando de la situación actual precisamente a su asentamiento en un modelo empresarial.
La querella se centra en la Comunidad de Madrid cuando estamos ante un problema que ha afectado a todas las comunidades autónomas y, si hablamos de justicia, esta debería procurarse para todos los fallecidos
“Destinamos 300 millones de euros que, precisamente, habrían de servir para que las comunidades autónomas pudieran contratar al personal necesario. Bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad dimos instrucción a las comunidades autónomas de que consideraran prioritario tanto a los residentes como a las personas que están en las residencias para la distribución que tienen que hacer las comunidades autónomas, tanto de los equipos de protección individual como de los test”, explicaba Iglesias.
La situación vivida hasta ahora ha puesto de relieve el modelo de gestión de las residencias de ancianos, acusando a la responsabilidad en la gestión de 13 de los grandes grupos de residencias de mayores en nuestro país a capital privado, poniendo de nuevo el foco únicamente en las residencias de ámbito privado. El mismo discurso sobre el que se construye la querella de Marea de residencias y que obvia la responsabilidad del Ministerio de Iglesias en la crisis de las residencias de ancianos. Una vez más, el movimiento liderado por Podemos demoniza todo lo que tenga que ver con las iniciativas privadas y en este caso, se centran en las residencias de ancianos, un ataque totalmente injusto si tenemos en cuenta que las residencias de ancianos no son centros sanitarios y si el colectivo más vulnerable en esta crisis.