Septiembre significa la vuelta a casa, al colegio, a la rutina del día a día. Se dice adiós a las tardes de verano en las piscinas, playas, embalses y pantanos. En definitiva, se echa el cierre al verano hasta el próximo junio. Y, tristemente, al menos 500 españoles no volverán a su rutina por una causa totalmente accidental: El ahogamiento.
Si hablamos de cifras, en 2016 el ahogamiento, la sumersión y sofocación accidentales supuso la tercera causa mortal por accidente, por encima de las víctimas de tráfico en nuestras carreteras, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En las cifras de ahogamientos suman tanto los ahogados en mar, playas y ríos, así como piscinas (públicas y privadas) que son sitios en los cuales, a pesar de tomar precauciones, los accidentes se siguen produciendo.
Las personas más vulnerables ante este problema son los niños con edades hasta 14 años y personas mayores de 65 años
Si nos centramos en las estaciones, claramente en verano se producen un mayor número de episodios, pero se trata de un problema que sucede en cualquier época del año. En cuanto a la población, las personas más vulnerables ante este problema son los niños con edades hasta 14 años y personas mayores de 65 años.
Ante este panorama, la pregunta que se nos plantea es la siguiente, ¿hasta qué punto se pueden evitar estas defunciones?, ¿funciona en realidad la prevención, la seguridad y la calidad de los equipamientos?, ¿es la legislación la adecuada para abordar estos accidentes?
Cada comunidad tiene una normativa diferente en relación a la obligatoriedad o no de disponer de material de primeros auxilios en caso de emergencia sanitaria en sus instalaciones
Tras un análisis de CC.AA realizado en todo el territorio nacional, se ha detectado que cada comunidad tiene una normativa diferente en relación a la obligatoriedad o no de disponer de material de primeros auxilios en caso de emergencia sanitaria en sus instalaciones. Hay ayuntamientos que tienen una regulación propia al respecto e, incluso, hay casos de CC.AA que no cuentan con unas directrices sobre cuál debe ser la dotación de los espacios acuáticos en caso de emergencia. Es decir, en una situación de emergencia, los veraneantes de ciertas comunidades tienen más probabilidades de sobrevivir que otros, ya que, unos dispondrán in situ del material y asistencia sanitaria.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿se encuentran nuestras piscinas y playas preparadas para tratar a una persona que se ha ahogado? La respuesta no es clara y existen grandes diferencias entre territorios que evidencian la necesidad de abordar este problema. Es necesario armonizar la regulación vigente entre comunidades y, entre todos, aunar soluciones que ayuden a evitar estos episodios que tristemente se repiten año tras año y acaban con la vida de cientos de personas.