TENDRÁ PARTIDAS ANUALES EN LOS PGE

El Fondo del Amianto compensará a trabajadores y a víctimas ambientales y domésticas

Tras la presión de los partidos, sindicatos y asociaciones de afectados, un acuerdo entre Unidas Podemos y PSOE permitirá que el Fondo se ponga en marcha en el plazo de tres meses desde que se apruebe en el Congreso.

Concentración bajo el lema 'Amianto mata' frente al Congreso de los Diputados (Foto: Alberto Ortega / EP)
Concentración bajo el lema 'Amianto mata' frente al Congreso de los Diputados (Foto: Alberto Ortega / EP)

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29.06.2022 - 13:25

El Fondo de compensación a las víctimas del amianto está más cerca que nunca de crearse. Después de varios meses de negociación entre los grupos parlamentarios y el Gobierno, y tras la presión persistente de sindicatos y asociaciones de afectados, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para que este mecanismo sea creado en los próximos meses.

Según confirman fuentes de la formación morada a ConSalud.es, el pacto se ha cerrado este miércoles. Gracias a él, y una vez sea aprobado el texto de la ponencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, pasarán tres meses hasta que la Ley que creará el Fondo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y una vez ocurra, a los 20 días entrará en vigor.

El Fondo estará garantizado anualmente en los PGE y con las cantidades obtenidas “por subrogación” de los afectados “en vía judicial”

Junto a estos plazos, el acuerdo firmado contempla importantes novedades. Una de ellas es que no sólo se beneficiarán del Fondo los trabajadores afectados por su exposición al amianto sino que también tendrá en cuenta a las víctimas domésticas o familiares, que han podido verse afectadas por tareas como el lavado de ropa, o las víctimas ambientales.

A estas personas, y así lo recogerá la Ley, se les compensará con “la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a aquellos causahabientes que dependieran económicamente del causante”.

De forma específica, la norma contempla que se compensará a quienes tengan el “reconocimiento de una enfermedad ocasionada por el amianto”, a quienes no se les reconozca como “enfermedad profesional” pero que hayan demostrado que “su causa principal o coadyuvante haya sido su exposición”, y a las “personas causahabientes” de los anteriores beneficiarios de los que “dependieran económicamente”.

PARTIDAS EN LOS PGE Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Otro aspecto relevante del acuerdo, que fue motivo de discusión entre los socios de Gobierno, es el asunto relacionado con la financiación del Fondo. Según lo pactado, este mecanismo estará garantizado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con las “consignaciones o transferencias que se determinen cada año” y con las cantidades obtenidas “por subrogación” de los afectados “en vía judicial”.

El Fondo dependerá del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y no del Imserso, como planteaba el Gobierno

Al mismo tiempo, contará con los recursos derivados de las “aportaciones provenientes de las sanciones impuestas por la autoridad laboral correspondiente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales relacionada con el amianto” y por las “rentas o frutos del propio Estado”.

Por otra parte, será finalmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el órgano del que dependa la ejecución del Fondo, y no el Imserso, como planteaba el Gobierno. Igualmente, se creará una Comisión de seguimiento, adscrita al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ayudará en “la mejora de la respuesta en la protección de las personas expuestas y sus familiares”.

Esta Comisión de seguimiento estará compuesta "por representantes de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, estatales, autonómicas, entidades y expertos de reconocido prestigio de la comunidad científica conocedores de las consecuencias y patologías derivadas del amianto y de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto”.

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