La digitalización del consumo, lo que ya se conoce como economía de las plataformas, está popularizando la adquisición en línea de todo tipo de bienes, también de medicamentos. Esta práctica, si bien puede comportar beneficios diversos, implica igualmente riesgos para la salud y la intimidad de las personas. A pesar de las ventajas evidentes de las nuevas tecnologías y la venta en línea, ¿somos conscientes de los riesgos que supone la compra por Internet de medicamentos y alimentos? En el último de sus documentos, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD-UB) identifica los principales problemas con relevancia bioética del acceso digital a medicamentos y alimentos, y da recomendaciones específicas dirigidas a los poderes públicos, los operadores económicos y la ciudadanía para garantizar la seguridad y la responsabilidad en los intercambios digitales.
Elaborado con el apoyo de la Caixa, el documento ha sido coordinado por los miembros del OBD-UB como María José Plana, abogada y codirectora del Máster de Alimentación, Ética y Derecho de la UB; el profesor Manuel López Baroni, de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), y Lluís Cabré, médico y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona, así como presidente de la Asociación de Bioética y Derecho.
La oferta se canaliza a menudo por medio de un mercado paralelo que permite al usuario acceder a productos ilegales, de baja o nula calidad, y que conllevan riesgos para la salud
UNA CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
El documento comienza poniendo de manifiesto que, hoy por hoy, a través de Internet es fácil adquirir medicamentos que ponen en riesgo la salud individual y colectiva. La oferta se canaliza a menudo por medio de un mercado paralelo que permite al usuario acceder a productos ilegales, de baja o nula calidad, y que conllevan riesgos para la salud.
El documento aporta algunos ejemplos, como el de los productos con sustancias no autorizadas, elaborados en establecimientos no sujetos al control público y fabricados sin garantías sanitarias; los complementos alimenticios hechos con variedades vegetales protegidas; las vacunas y otros productos que escasean en la farmacia tradicional (por ejemplo, la vacuna de la meningitis) o, incluso, los productos falsificados o la mercancía robada.
Respecto a los medicamentos, el documento indica que "la ausencia de cobertura sanitaria o de pago a cargo de la Seguridad Social empuja a determinados sectores de la población a canales de venta a bajo precio". Recuerda, sin embargo, que "la oferta ilegal de medicamentos no solo causa daños a quien los usa, sino también a la salud pública, al sistema sanitario, al titular de la marca y a la confianza del usuario".
"La oferta ilegal de medicamentos no solo causa daños a quien los usa, sino también a la salud pública, al sistema sanitario, al titular de la marca y a la confianza del usuario"
Por otra parte, el documento recalca la importancia económica del mercado ilegal de alimentos, y señala que Europol ha constatado que una parte de los grupos que se han dedicado durante años a la venta ilegal de medicamentos en línea está dejando estos productos y pasando al mercado de alimentos, que es mucho mayor y menos arriesgado, y en el que, en muchos casos, el cliente no es consciente de que el producto es ilegal.
Pero es sin duda una aportación significativa de este documento el hecho de remarcar que estos intercambios de riesgo no solo se hacen a través de un mercado clandestino, sino también a través de plataformas digitales populares, aunque las reglas de la plataforma prohíban la venta de medicamentos y limiten las condiciones de venta de alimentos.
Esto es posible, en parte, porque para las autoridades de control sanitario controlar "el mercado digital es más complicado que controlar el tradicional: los protocolos diseñados por las autoridades y la formación del personal de control y sus equipos no están adaptados al mercado digital". Los autores defienden que "Internet no puede ser un ámbito de impunidad y de irresponsabilidad", lo que requiere "extremar y diversificar las iniciativas de supervisión del mercado en línea para hacerlo más seguro, al tiempo que se promueven activamente las conductas responsables de los consumidores y de los operadores económicos".