Nuevo baremo de daños sanitarios… ¿una agresión a la integridad del paciente?

Las asociaciones vuelven a protestar contra el baremo del Ministerio de Sanidad, ya que a su juicio perjudica a los damnificados.

Cirujanos trabajando durante una operación a un paciente
Cirujanos trabajando durante una operación a un paciente

Hasta 40 asociaciones de pacientes, grupos sociales y otros colectivos firmaron el pasado mes de febrero una carta remitida a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en la que volvían a exponer su disconformidad con el anteproyecto del Baremo de Daños Médicos al considerar que es “discriminatorio” y no contar como se debiera con este tipo de asociaciones.

No es la primera vez que estos colectivos manifiestan su rechazo y lo comunican directamente a Sanidad. El pasado 16 de enero, el secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, respondió a otra primera carta en la que los pacientes solicitaron que se otorgara una representación suficiente en el Comité de Expertos para la elaboración del baremo de daños sanitarios, “en el que no se discrimine a las víctimas de daños médicos respecto a las de tráfico”.

40 asociaciones de pacientes y otros colectivos se han posicionado contrarios al nuevo baremo de daños sanitarios propuesto por Sanidad

Una vez más la asociación del Defensor del Paciente ha emitido un comunicado en el que denuncia esta situación. En concreto se refiere a la información relativa al consentimiento informado de los pacientes. “En los supuestos de falta de información, el consentimiento del paciente queda viciado convirtiéndose en una agresión no sólo al derecho fundamental a la integridad moral del paciente, sino también a su integridad física”, señalan.

A su juicio se debe indemnizar de manera íntegra el daño producido, “ya que el médico carece de competencia para decidir que otro se exponga a un riesgo”. Asimismo, añaden, “cualquier regulación de este instituto jurídico excede al baremo que se pretende, y para empezar debería ser en colaboración con el Ministerio de Justicia, reflejando que en supuestos de omisión o insuficiencia de información los Jueces y Tribunales determinarán la cuantía de forma proporcional en atención al riesgo afrontado sin la debida información y la entidad de las lesiones sufridas”.

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