El Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha convocado este jueves, en la sede de la Audiencia Nacional, a los representantes de las consejerías competentes en Sanidad, Salud Pública y Consumo de las comunidades autónomas con pacientes afectados, para coordinar la gestión del macroproceso que se sigue contra las clínicas iDental.
A la reunión han asistido, además, la Fiscalía y los representantes del Ministerio de Justicia, departamento que ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de esta macrocausa y ha creado una aplicación informática específica para la eficaz tramitación del procedimiento judicial.
Se pretende fijar las directrices de la custodia y tramitación por parte de las comunidades autónomas de las historias clínicas de los perjudicados, bajo la supervisión de la Audiencia Nacional
El objetivo de la reunión es doble. Por un lado, se pretende fijar las directrices de la custodia y tramitación por parte de las comunidades autónomas de las historias clínicas de los perjudicados, bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, y, por otro lado, se solicitará a las consejerías la recopilación y el envío de determinados conjuntos documentales relacionados con la causa.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción Número 5, cuyo titular es el magistrado José de la Mata, ya ha adoptado medidas especiales de buenas prácticas en la gestión de un macroproceso, que en este caso cuenta ya con 200 piezas abiertas que corresponden a diligencias incoadas en juzgados de distintas provincias. Se estima que en esta causa superen las mil piezas separadas y que el número de personas perjudicadas sea de varias decenas de miles.
José de la Mata se hizo cargo de esta investigación el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia de afectados de Andalucía y se investigan los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Unos días más tarde, el órgano judicial coordinó una operación policial con registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, con el objeto de incautar información tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes.