El tabaco continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial y, por lo tanto, las Administraciones de todo el mundo son llamadas a aplicar estrategias de prevención para evitar enfermedades a consecuencia del consumo de cigarrillos. El consumo de tabaco, como factor determinante de diferentes patologías y como primera causa conocida de mortalidad y morbilidad evitable, constituye el principal problema de salud pública en los países desarrollados. En 2015, había más de 1.100 millones de personas que consumían tabaco en el mundo.
“Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) incidimos en las cifras escalofriantes que giran alrededor del consumo de tabaco. El tabaco fue responsable de más de 100 millones de muertes en el siglo XX, y en base a los patrones actuales de consumo, aproximadamente 450 millones de personas adultas fallecerán por el tabaco entre los años 2000 y 2050”, afirman los responsables de esta sociedad científica. Hasta dos tercios de los fumadores continuados morirán debido a su hábito. Actualmente, alrededor de seis millones de personas mueren anualmente como consecuencia del consumo de tabaco, y la mayoría vive en países en desarrollo.
Los actores sanitarios exigen más acciones de prevención del tabaco en España contra su prevalencia y los fallecimientos por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarrillos
Estos datos hacen que aparezcan cada vez más voces que apuesten por que el Gobierno financie medicamentos para dejar de fumar. Según ha publicado estos días El Economista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy estaría valorando diseñar una estrategia específica de financiación de este tipo de fármacos.
Lo cierto es que España permanece en la cola de la prevención del hábito del tabaco en comparación con otros países. En 2014, la Unión Europea decidió actualizar su Directiva sobre los productos del tabaco para adaptarse a la alta prevalencia en Europa y el número de fallecimientos por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Tras ello, los organismos europeos establecieron el mes de mayo de 2016 como fecha máxima para que los Estados miembros la transpusieran.
España fue de los últimos países europeos en transponerla. Desde la propia Unión Europea emitieron incluso llamadas de atención ya que España se estaba quedando a la cola. Finalmente fue un año y seis meses después cuando el actual Gobierno, a través de la aprobación de un Real Decreto-ley, completó la trasposición de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014. Con estas modificaciones se han limitado, por ejemplo, la venta transfronteriza de cigarros electrónicos, la comercialización del tabaco con aromas y otros aditivos o la ubicación de advertencias sanitarias en las cajetillas.