El proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica, iniciado por el Ministerio de Sanidad en 2013, continúa pendiente de su completa instalación en el conjunto de las comunidades autónomas. La novedad es que, según el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, estará completamente implantado antes de que acabe el presente año 2017.
Así lo ha asegurado este jueves durante la celebración del Congreso de Organizaciones Pacientes, organizado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y celebrado en el Ministerio de Sanidad. De esta manera, desde el departamento que dirige Dolors Montserrat aseguran que todas las comunidades autónomas tendrán operativo este sistema.
La interoperabilidad permite que los pacientes puedan dispensar sus medicamentos en cualquier CC.AA. sin necesidad de presentar la receta de papel
No obstante, a pesar de la positividad transmitida por Castrodeza, lo cierto es que aún quedan ocho comunidades autónomas en las que activarse la interoperabilidad de la receta electrónica. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad en su página web, actualizados el 14 de julio, aún faltan las comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y el País Vasco.
Por el momento, la incorporación de esta interoperabilidad ha sido progresiva. Comenzaron Canarias y Extremadura en 2015, tras participar en un proyecto piloto. A estas regiones le han seguido, por orden de implantación, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, La Rioja y Castilla y León.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La interoperabilidad de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) permite que los pacientes que lo necesiten puedan dispensar sus medicamentos en cualquier comunidad autónoma con el solo hecho de presentar su tarjeta sanitaria y sin necesidad de presentar la tradicional receta de papel. De esta manera, cualquier farmacia, a través de medios electrónicos, podrá dispensar la medicación prescrita en otras comunidades.
La complejidad del proyecto recae en que el sistema debe implantarse en todos y cada uno de las oficinas de farmacia de cada comunidad autónoma. Por este motivo, y teniendo en cuenta también el número de habitantes, las comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña o la Comunidad de Madrid) han visto retrasada su implantación.