La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ha celebrado la asamblea anual de socios y su XV Congreso, donde ha informado sobre la reciente solicitud de una reunión con la Fiscalía, "sobre presunta prevaricación de determinados cargos públicos y políticos, por no dotar las partidas presupuestarias de los PGE desde 2018, con la cantidad suficiente para las indemnizaciones que contempla la Ley de Presupuestos 6/2018".
Además, durante la asamblea también se ha informado de "las quejas/denuncias recientes presentadas al Defensor del Pueblo Europeo y dos quejas presentadas al Defensor del Pueblo de España, que están en fase inicial".
"En la actualidad carecemos de interlocutores en el Gobierno", denuncian desde Avite
Según informa la asociación, el encuentro también ha servido para explicar toda la actividad política del año 2022 y lo que se lleva de 2023, compartiendo con los socios "la falta de comunicación con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lideran Ione Belarra y Nacho Álvarez, que no contestan a nuestras llamadas, escritos, etc".
"En la actualidad carecemos de interlocutores en el Gobierno. Tanto Belarra como Álvarez, fueron invitados a la Asamblea de Avite, (para que nos anunciaran la fecha de aprobación del RD con las indemnizaciones) pero declinaron su asistencia, con la manida excusa de las "agendas ocupadas", explica Avite.
En el encuentro se ha indicado que ha habido un proceso electoral interno, y se ha ratificado la Junta Directiva existente, continuando en el cargo su presidente actual, José Riquelme, y el resto de los miembros de la Junta, a excepción de la vocal, Josefina Mompeó, que no ha renovado el cargo por decisión propia, entrando a formar parte de la misma, el socio, Luis Ruiz.