Según estas organizaciones, la acción del TC permite de alguna manera “que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales”. Por este motivo, consideran que con esta decisión se ignoran los tratados internacionales firmados por España en materia de derechos humanos.
Las organizaciones consideran que los contextos de crisis económica no pueden rebajar o eliminar las obligaciones de derechos humanos de un Estado
EL RDL fue aprobado en 2012 y recogía que las personas migrantes en situación administrativa irregular solo tenían acceso de forma gratuita a la atención en urgencias, al parto y al posparto. Esto, anuncian las organizaciones, supone un dificultad mayor a personas que ya se encuentran “en situación de máxima vulnerabilidad” por lo que la sentencia consagra para ellos “una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España”.En este sentido, a través de un comunicado, los denunciantes recuerdan que según los derechos internacionales cualquier medida regresiva ha de ser “temporal, estrictamente necesaria y proporcionada”. Así, inciden en que “los contextos de crisis económica no pueden rebajar o eliminar las obligaciones de derechos humanos de un Estado”.
Desde que entró en vigor el RDL, afirman estas organizaciones, casi 800.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es