INFORME ANUAL 2020

El Defensor del Pueblo recuerda a Interior que "se debe solucionar la falta de médicos en Prisiones"

El Defensor apunta que la insuficiencia de médicos en los centros penitenciarios podría atribuirse a la imposibilidad hasta la fecha de finalizar el proceso de transferencias de las competencias sanitarias penitenciarias.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. (Foto. El Defensor del Pueblo)
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. (Foto. El Defensor del Pueblo)

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06.05.2021 - 12:55

El Defensor del Pueblo ha presentado ante las Cortes Generales su Informe Anual en el que, entre otras cuestiones, ha evaluado cómo ha sido la gestión de la pandemia en el ámbito penitenciario y la prestación de la asistencia sanitaria a los reclusos. En este sentido, pese a alabar el control de la Covid-19 por parte de Instituciones Penitenciarias (IIPP), el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha advertido nuevamente al Ministerio del Interior, que actualmente tiene las competencias en materia sanitaria de las prisiones, sobre la necesidad de atajar el déficit de profesionales sanitarios en los centros.

"La importancia de la salud en el año 2020, mejor apreciada en cuanto perdida por tantos por la pandemia, obliga a volver a recordar la necesidad de solucionar el problema de la falta de médicos y resto de personal sanitario en las prisiones", asegura el responsable del ente público en este documento.

En el citado informe, se subraya el derecho de los internos en los centros penitenciarios a que "se les brinde allí" una protección adecuada de su salud, "en iguales términos a la que se reconoce a quienes viven en el exterior de las prisiones". Según el Defensor del Pueblo, dicha protección constituye uno de los principios rectores de la actuación penitenciaria, recogiéndose en el artículo 3.4 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con desarrollo en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

"Que no se cubren los puestos de la relación administrativa es un hecho pero no tiene como consecuencia un tratamiento médico insuficiente o inadecuado a los internos", reconoce IIPP

Sin embargo, el organismo recalca que, tal y como se ha expuesto en informes anuales anteriores, la Administración penitenciaria no cuenta con el número de profesionales requeridos, que son los establecidos en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, y asegura que su falta ocasiona una "ralentización" en la asistencia de los presos que, por ese motivo, formalizan continuas quejas en esta institución.

"Que no se cubren los puestos de la relación administrativa es un hecho, aunque ello, según sostiene la Administración penitenciaria, no tiene como consecuencia un tratamiento médico insuficiente o inadecuado a los internos", se recoge en el Informe Anual.

En esta sentido, el Defensor apunta que la insuficiencia de médicos en los centros penitenciarios podría atribuirse a la imposibilidad hasta la fecha de finalizar el proceso de transferencias de las competencias sanitarias penitenciarias.

"De haberse integrado en el Sistema Nacional de Salud, sus ofertas de empleo, en igualdad de condiciones que para el resto de facultativos del sistema, no encontrarían insuficiencia de candidatos, que es lo que viene sucediendo en las distintas convocatorias que se producen, obligando a la Administración penitenciaria a ofrecer las plazas mediante contratos de interinidad, y ni siquiera así consigue captar a todos los facultativos que precisa", concluye este organismo público.

"De haberse integrado en el Sistema Nacional de Salud, sus ofertas de empleo, en igualdad de condiciones que para el resto de facultativos del sistema, no encontrarían insuficiencia de candidatos"

Siendo consciente esta institución de la problemática concernida, en el año 2004 inició una actuación con la Administración del Estado con el fin de obtener información acerca del cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que previó el traspaso de las competencias citadas en los 18 meses siguientes desde su entrada en vigor.

En ese sentido, en el informe anual de 2019 se indicó que también se habían iniciado actuaciones con las comunidades autónomas, queriendo conocer el Defensor del Pueblo su grado de responsabilidad en la demora de las transferencias. "En las reuniones que se han celebrado las comunidades autónomas han solicitado información sobre los costes efectivos de los servicios objeto de traspaso y, en algunos casos, se ha constituido un grupo técnico de trabajo encargado de hacer la valoración de esos costes y la cuantificación de la deuda de la Administración del Estado por la asistencia sanitaria a la población reclusa en los hospitales del sistema público de salud. También se ha planteado la posibilidad de suscribir convenios como elemento transitorio hasta la materialización de las transferencias", informa el ente que preside Fernández Marugán.

Además, el Defensor de Pueblo apunta que actualmente la transferencia de competencias está "en suspenso" hasta que se dé por finalizada la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Aunque, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra se procederá en los próximos días a hacer efectivo este traspaso que se había estado gestando durante varios años atrás.

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