El síndrome de la colza sacudió el país en 1981. Murieron 1.100 personas según los estudios forenses y análisis clínicos recogidos por la sentencia que condenó a los responsables de la intoxicación. Tres años después debido al síndrome del aceite tóxico, también conocido como enfermedad de la colza, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios estableció que el Gobierno adoptaría un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía para pagar indemnizaciones.
Es decir, esta ley encomienda al Gobierno que regule la obligación de que las empresas alimentarias tengan seguros para indemnizar por intoxicaciones. Sin embargo, 35 años después y con el reciente brote de listeriosis en el epicentro informativo, todo sigue igual. FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que consensúen una modificación urgente de la Ley de Seguridad Alimentaria para regular que todas las empresas alimentarias cuenten con un seguro y tengan que aportar cantidades a un fondo de garantía que cubran indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias.
Según aseguró Magrudis al Ayuntamiento de Sevilla, la empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil de sólo 300.000 euros
Magrudis, la empresa responsable del brote de listeriosis que ha provocado ya tres víctimas mortales y cinco abortos, aseguró al Ayuntamiento de Sevilla que cuenta con un seguro de responsabilidad civil de sólo 300.000 euros, una cifra ridícula que no cubriría ni de lejos los millones o decenas de millones con los que habría que indemnizar a los afectados.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha denunciado este lunes en rueda de prensa que, 35 años después de la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ningún gobierno se ha preocupado de desarrollar su artículo trigésimo, que estableció que "el Gobierno, previa audiencia de los sectores interesados y de las Asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía que cubran, para sectores determinados, los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades".
En 2007 se actualizó la citada norma mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En su artículo 131 incorporó un texto muy similar al de la ley original de 1984. En el primero se indicaba que el Gobierno "adoptará las medidas o iniciativas necesarias" y en de 2017 que "podrá establecer" los citados sistemas de seguro y fondo de garantía.
SIN RESPUESTA DEL GOBIERNO
FACUA sigue a la espera de respuesta por parte de Moncloa de la petición de reunión que trasladó hace semanas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para exponerle ésta y otras reivindicaciones de modificaciones legales ante lo ocurrido con la alerta alimentaria por listeriosis en productos de la empresa sevillana Magrudis.
La semana pasada, Sánchez y la ministra de Sanidad y Consumo, Luisa Carcedo, se reunieron con otras tres organizaciones de consumidores pero FACUA no fue invitada.
El PSOE pidió disculpas a la organización y señaló que se trató de un error humano, ante lo que FACUA insistió en reclamar la celebración de la reunión con el presidente en funciones.
FACUA también ha solicitado encuentros a los líderes de las principales fuerzas políticas. La semana pasada el portavoz de la asociación se reunió con el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tras la que se ha fijado un nuevo encuentro con parlamentarios de Unidas Podemos este jueves. El resto de formaciones aún no ha dado respuesta a las peticiones de reunión.