La transferencia de la sanidad penitenciaria es una demanda que se alarga en el tiempo sin un final que guste a sanitarios, pacientes y partidos políticos. Uno de los grupos parlamentarios que más ha exigido esta demanda al Gobierno anterior ha sido el socialista. El pasado mes de febrero la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición no de Ley del PSOE en la que se pedía que comenzaran las negociaciones necesarias para completar la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a las comunidades autónomas, pendientes desde el año 2003.
En esta línea, la diputada socialista Zaida Cantera exigía al Gobierno de Rajoy que abonara a las comunidades autónomas el gasto por la atención sanitaria prestada a la población reclusa, y denunciaba el estado precario de la sanidad penitenciaria en nuestro país.
Ante la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno se podría abrir una nueva etapa en el avance de esta transferencia que no llega, aunque todavía no se ha abordado este aspecto desde el Ejecutivo central. Según explicaba entonces el exministro Juan Ignacio Zoido, la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos es voluntario y habría seis comunidades autónomas que no habrían mostrado ningún interés, según especificaba el diputado del PP Jaime Miguel Mateu.
CCOO lleva tiempo denunciando que no se cubren las bajas del personal enfermero y médico como en el sistema nacional de salud, y que los ratios de auxiliares de enfermería, enfermeras o facultativas, en muchos centros, "es manifiestamente insuficiente para la carga de trabajo existente”
Mientras esta situación se resuelve, tanto los profesionales sanitarios como los sindicatos han mostrado su preocupación por la situación de la sanidad penitenciaria española. Así, desde CC OO denuncian un “total abandono”. Según datos de este sindicato, actualmente el 25,1% de las plazas de médicos de los Centros Penitenciarios están sin cubrir, y el 75% de los médicos que trabajan en Instituciones Penitenciarias tienen más de 55 años, “lo que en los próximos años agravará aún más el problema asistencial; a lo que hay que añadir el hecho de que en las oposiciones de médicos no se cubran todas las plazas que se convocan, debido a las diferencias retributivas con respecto al personal del Servicio Nacional de Salud”. Igualmente, “hay un 9% de plazas vacantes de personal funcionario de enfermería, y un 24% de vacantes de auxiliares de enfermería en Instituciones Penitenciarias”, añadían desde la organización sindical.
Ante esta situación, CCOO lleva tiempo denunciando que no se cubren las bajas del personal enfermero y médico como en el sistema nacional de salud, y que los ratios de auxiliares de enfermería, enfermeras o facultativas, en muchos centros, "es manifiestamente insuficiente para la carga de trabajo existente”.