Respaldo unánime de la Comisión de Sanidad a los afectados de la talidomida

Tal y como se preveía, los dos proyectos no de ley en favor de las víctimas españolas de la talidomida, presentados este martes en la Comisión de Sanidad por parte de Ciudadanos y Democràcia i Llibertat, han contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

Marta Gómez - Directora de ConSalud.es
19 abril 2016 | 16:00 h
Representantes de la Asociación de Afectados de la Talidomida (AVITE), en una de sus protestas ante el Congreso.
Representantes de la Asociación de Afectados de la Talidomida (AVITE), en una de sus protestas ante el Congreso.
Los distintos grupos parlamentarios han coincidido en que el Real Decreto que se aprobó en 2010 y que duró tres meses, es insuficiente y “debe ajustarse a la realidad de estos hombres y mujeres”, ha señalado por el Grupo Popular, María José García-Pelayo.

Según ha señalado Lourdes Ciuró i Buldó, de Democràcia i Llibertat, la proposición presentada por su grupo es para que “sume y se aborde por parte del gobierno de turno un real decreto que reabra el de 2010 y así puedan acogerse más afectados”.

“A día de hoy, sólo ocho españoles fueron recompensados por el Gobierno alemán y, en España, no llega a medio centenar las víctimas de la talidomida reconocidas”
Por su parte, Francisco Igea Arisqueta, de Ciudadanos, ha hecho un repaso a la historia de la talidomida en nuestro país. “A día de hoy, sólo ocho españoles fueron recompensados por el Gobierno alemán y, en España, no llega a medio centenar las víctimas de la talidomida reconocidas”. Por este motivo, este grupo plantea en su PNL, que “se abra el registro de afectados de forma indefinida, se compense a la víctimas y se les ayude con generosidad a recibir las prestaciones médicas y ortoprotésicas”. Además, Igea ha trasladado la exigencia de su partido de la colaboración por el daño a Grünenthal.

Por otro lado, Joan Baptista Oloriz Serra, de Esquerra Republicana, ha aportado en nombre de los afectados dos puntos “que completan a las dos proposiciones: constituir una comisión de seguimiento donde participe la administración y los afectados, y un tiempo máximo de un año a partir de la aprobación de esta proposición no de ley para que los beneficios lleguen a todos los afectados”.


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