En la negociación de los pactos postelectorales, Vox está jugando un papel crucial a la hora de alcanzar acuerdos de gobernabilidad. La formación liderada por Santiago Abascal está apretando en varias comunidades autónomas para que sus medidas se incluyan en los distintos Gobiernos. Entre ellas, algunas relacionadas con la sanidad.
Un ejemplo claro es el de Andalucía. En esta región ya gobiernan PP y Ciudadanos, pero dependen de Vox para casi todo. Lo más reciente son los Presupuestos Autonómicos. Esta formación ha logrado que los partidos del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno añada a las cuentas autonómicas diferentes iniciativas relacionadas con el ámbito sanitario.
Vox ha exigido que se desarrolle un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades en Andalucía
Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un plan de auditorías sobre corporaciones institucionales. Así, en sanidad se someterán a un análisis exhaustivo organismos como la Agencia de Salud Pública o la Escuela Sanitaria de Andalucía. Por otra parte, Vox ha exigido que se desarrolle un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades.
En materia de big data, también se ha pactado que se pongan en marcha mecanismos que traten la información obtenida por “la ingente cantidad de datos con que cuenta el SAS” para realizar proyectos de I+D. Además, se ampliará el servicio de Atención Temprana en Andalucía mediante la incorporación paulatina de aquellos menores afectados de edades superiores a los seis años.
PENDIENTES DE MADRID
En una de las comunidades que más determinante va a ser Vox es en Madrid. PP y Ciudadanos no quieren que entre en el Gobierno. Mientras, el partido de extrema derecha apurará para intentar encajar en un Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.
Entre sus propuestas sanitarias que pueden recogerse en posibles pactos estaría la identificación de inmigrantes en situación irregular para que quienes no estén registrados no accedan a la asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencias. En este mismo sentido, apuestan por reclamar a los países de origen los gastos originados por la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a turistas.