Andalucía no ha resuelto la OPE sanitaria de 2015 un año después de que se hicieran los exámenes

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha acusado a la Junta de Andalucía de “incumplir” los plazos en las ofertas públicas de empleo (OPE) ya que, en el caso de la convocatoria de 2015, pese a que los exámenes se realizaron hace un año,aún no se disponen de listados provisionales. “Ni siquiera se ha solicitado que aporten la documentación del baremo a los opositores con mejores notas”, añade el sindicato en un comunicado.

Además, continúan, la OPE de 2016 sigue sin tener listas de inscritos ni fecha de examen a pesar de que la inscripción fue hace meses.

“Muchos facultativos han pagado las tasas para volver a examinarse sin saber aún si ya han obtenido plaza en la convocatoria 2015”. Los facultativos explican también que hace seis meses se pidió la documentación a quienes querían optar a un traslado y, hasta el momento, “no hay ni un solo listado provisional”.

Por todo ello, los médicos andaluces exigen a la Junta de Andalucía que resuelva, “de una vez por todas”, los procesos laborales en curso, y pide a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que “aumente el presupuesto y contrate personal para sustituir a quienes forman parte de los tribunales en los exámenes”.

Y es que, como señala el sindicato, la Junta está incumpliendo su promesa de agilizar los procesos laborales. “Palabras incumplidas es la tónica de una Administración que nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra bien distinta”, dice el organismo, desde donde aseguran estar “hastiados” de aguantar “una gestión tan ineficiente como insensible a los problemas laborales de los facultativos; una doble moral que raya el cinismo”.

El sindicato profesional matiza que, sin embargo, “a los facultativos se nos exige cumplir los objetivos impuestos sea cuales sean y si no es así se nos detrae parte de la retribución; se nos obliga a atender cuantos pacientes lleguen a nuestras consultas sin que nadie se pregunte si existe capacidad real para ello”.

“Lo más alarmante”, concluyen, es que “ni siquiera son capaces de dar unos plazos probables, buscar alternativas razonables que acorten los procesos o palien la desesperada situación de quiénes llevan años esperando un traslado u oposición que ahora, una vez convocados, se prolongan de manera ominosa”.


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