En los últimos días, hasta tres autonomías han anunciado Ofertas Públicas de Empleo (OPE) extraordinarias para los próximos tres años, con la finalidad de "reforzar y estabilizar las plantillas" y reducir la tasa de temporalidad en los servicios autonómicos de salud.
De esta forma, la Junta de Andalucía ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo mes de diciembre una oferta extraordinaria de 32.817 plazas de empleo público, de las cuales, más del 85% corresponderán a Sanidad y Educación, "los sectores esenciales más afectados por la temporalidad", mientras que, por su parte, los exámenes se desarrollarán en tres años, entre 2018 y 2020. Además, la Junta ha avanzado que en 2018 se aprobarán nuevas OPE ordinarias con un total 3.400 plazas sanitarias.
Andalucía ha anunciado hasta 32.800 plazas para los próximos tres años, de las cuales el 85% corresponderán a Sanidad y Educación
Junto a Andalucía, el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado esta semana que el Gobierno regional va a lanzar “la mayor oferta de empleo público de la historia de la Región” que, en el ámbito sanitario, contemplará 4.000 plazas en los próximos tres años. “Esta gran oferta incluye la reposición del cien por cien en sectores prioritarios como sanidad”, explicó el presidente. A ello, además, habría que sumar las 1.250 plazas previstas para 2017, que unifican las OPE pendientes de 2014, 2015 y 2016.
Por último, la Mesa General de Función Pública de Zaragoza firmó este martes un acuerdo por el cual se concreta la oferta de plazas correspondientes a la OPE nacional que prepara el Gobierno central. De esta forma, según señala el sindicato CSIF, sumando las ofertas de empleo ordinarias y las del “proceso de estabilización”, entre 2017 y 2019 el Ejecutivo Aragón convocará un total de 5.897 plazas sanitarias.
Pese a ello, el sindicato reivindica la necesidad de eliminar la tasa de reposición, tal y como viene exigiendo en todas las mesas de negociación con el Gobierno central y diferentes ministerios, como objetivo prioritario para poder alcanzar una tasa real de eventualidad de, cómo máximo, el 8% en todas las administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón.