Un grupo de expertos a propuesta de los sindicatos, las patronales y el ministerio, estudiarán las sentencias europeas y el alcance de las mismas
Así se lo comunicó la ministra a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT y a los presidentes de la CEOE y CEPYME durante una reunión mantenida este lunes con la finalidad de abordar la situación planteada por las recientes sentencias europeas en relación con la contratación de trabajadores interinos y su impacto en las relaciones laborales.“De cara a garantizar la seguridad jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad de los trabajadores, hemos acordado que expertos a propuesta de cada una de las partes estudien las citadas sentencias y el alcance de las mismas, y elaboren una propuesta, de manera que permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo tripartito”, explica el Ministerio de Empleo en un comunicado.
Tras la reunión, el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, ha valorado positivamente la disposición de Báñez para tener en cuenta a los agentes sociales en la resolución de este tipo de problemas si bien, ha matizado que“faltan 10 días para saber si habrá gobierno o iremos a nuevas elecciones. Por tanto, todo lo hablado hoy hay que pasarlo por ese tamiz”.
Sobre la aplicación de las sentencias del TJUE, Toxo considera que “son meridianamente claras en cuanto a que no cabe ninguna discriminación entre trabajadores fijos e interinos o temporales”. En su opinión, sería conveniente un acuerdo que se trasladara a la ley lo antes posible. En cualquier caso, afirmó que “CCOO va a dar cobertura legal a todas las personas que acudan al sindicato para hacer la reclamación. Si después hay un acuerdo que dé satisfacción a estas demandas, éstas decaerán”.
Distinta valoración hacen desde UGT, donde su secretario general, Pepe Álvarez, ha explicado que “una nueva legislación no va a poder cambiar las repercusiones que las sentencias de la UE tienen para los trabajadores y los derechos, a los que hubiere lugar como consecuencia de ello, se van a tener que pagar, al margen del informe de los expertos" que designarán sindicatos, patronal y gobierno para evaluar el alcance de las sentencias.
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