CESM se congratula de la sentencia del Supremo que admite que se puso en riesgo a los profesionales

El Supremo ha dado a conocer este jueves su sentencia en respuesta a un recurso presentado el pasado 26 de marzo por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) sobre la falta de protección de los profesionales sanitarios.

Tomás Toranzo, presidente de CESM (Foto: CESM)
Tomás Toranzo, presidente de CESM (Foto: CESM)

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha recibido con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo conocida este jueves que viene a confirmar lo que denunciaba este sindicato en su demanda. "Era una dejadez de funciones por parte de las administraciones respecto a su obligación de proteger a los profesionales", asegura la organización sindical en un comunicado.

El texto del Alto Tribunal supone una estimación parcial de la denuncia, puesto que se reconoce que ha habido una vulneración de derechos puesto que el personal sanitario no estaba adecuadamente protegido para afrontar la primera ola de la COVID-19, por lo que se puso en riesgo su salud, que ha sido una de las causas del gran número de afectados y de una parte de los fallecidos.

"Se ha admitido que se puso en grave riesgo a los médicos por una improvisación que confiamos que no se repita en el futuro"

Pese a que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo termina estimando solo parcialmente el recurso del sindicato por considerar que en el momento actual no hay inacción de la Administración porque sí se han tomado medidas para que se disponga de material de protección suficiente para los profesionales, el fallo es favorable para las reclamaciones de CESM, que quedan así totalmente justificadas admitiendo que se puso en grave riesgo a los médicos por una improvisación que confiamos que no se repita en el futuro.

"Se ha admitido que se puso en grave riesgo a los médicos por una improvisación que confiamos que no se repita en el futuro", apunta la entidad.

Conviene destacar, además, que el fallo abre la vía a las demandas individuales en las que los afectados por el anormal funcionamiento de la Administración podrían solicitar el pago de indemnizaciones.

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