El modelo de concesión administrativa supone una “descarga” de los presupuestos públicos

El presidente del IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor y el consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, han defendido la colaboración público-privada durante el XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

CS
25 octubre 2016 | 17:21 h
Alberto de Rosa (izquierda), consejero delegado del Grupo Ribera Salud y Adolfo Fernández-Valmayor (derecha), presidente del IDIS.
Alberto de Rosa (izquierda), consejero delegado del Grupo Ribera Salud y Adolfo Fernández-Valmayor (derecha), presidente del IDIS.
La colaboración público-privada es “imprescindible” para la sostenibilidad del sistema sanitario, ya que el sector privado no solo genera riqueza (con un gasto superior a los 28.558 millones de euros), “sino que libera recursos de la sanidad pública, mejora la accesibilidad, genera empleo de calidad, apuesta por el desarrollo de alta complejidad y el I D y procura la mejora continua”. Así lo ha denfedido el presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), Adolfo Fernández-Valmayor, durante su participación en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid.

“La improvisación continua y sobre todo, la demonización de algo que funciona simplemente porque no gusta, nos puede llevar a un marco de inseguridad jurídica”
Fernández-Valmayor ha insistido en que “la nueva realidad social y económica requiere una reforma global de nuestro sistema sanitario en la que han de participar todos los agentes implicados para no perder competitividad respecto a otros países de nuestro entorno, no caer en mayores problemas de solvencia y sostenibilidad y continuar teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”.

En este sentido, el presidente de IDIS ha repasado las diferentes fórmulas de cooperación entre los sistemas público y privado en el marco del taller de trabajo celebrado en el Congreso bajo el epígrafe de ‘Legalidad en rescates de concesiones administrativas en el ámbito de prestaciones de servicios sanitarios'.

A este respecto, Fernández-Valmayor apuntó que “los modelos de concesión administrativa permiten asegurar la necesaria inversión de capital sin incremento de la deuda pública” y recordó que “se trata de un modelo de financiación pública que cuenta con un gasto predefinido y asegurado, suponiendo también una descarga de los presupuestos públicos, ya que a través de este modelo de concesión se obtiene un coste de al menos un 25% inferior a la media de la gestión pública”.

Por su parte, Alberto de Rosa, consejero delegado de Grupo Ribera Salud, que también ha participado en el taller, ha señalado que “la improvisación continua y sobre todo, la demonización de algo que funciona simplemente porque no gusta, nos puede llevar a un marco de inseguridad jurídica donde los principales afectados somos los ciudadanos, que vemos cómo se restringen los servicios sanitarios y se reorganizan según intereses políticos, los profesionales, que temen por su futuro, y la imagen de España en el exterior, que aleja a posibles inversores ante un marco de inestabilidad jurídica”. “En un país normal (ha añadido), cualquier servicio público que ofreciera una mejor calidad y que ahorrara dinero a la Administración sería puesto como buen ejemplo de optimización de los recursos".

MARCO JURÍDICO

Por otro lado en el taller se analizaron las implicaciones y la base jurídica de la reversión de las concesiones. Sin embargo, “se trata de una figura de la que se ha escrito bastante pero que adolece de falta de aplicación práctica en contratos de magnitud, ha asegura Rosa Vidal, socia directora de Broseta Abogados, que ha añadido que “la reversión de los bienes y derechos afectos a una concesión es una figura jurídica apasionante para los entusiastas del derecho, pero cuenta con toda una serie de aristas e incertidumbres jurídicas, económicas, presupuestarias y de contenido social y laboral que es necesario tener contempladas si se adoptan este tipo de decisiones”.


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