Los profesionales reclaman acabar con la tasa de reposición, para poder recuperar los 300.000 empleos perdidos en el sector público durante la crisis
Sin embargo, como informa el sindicato CSIF, esta propuesta, tratada durante la reunión del grupode trabajo sobre empleo temporal en las administraciones públicas, todavía debe definirse al detalle “para dar solución al problema del exceso de interinidad en nuestras administraciones, incluyendo a la totalidad de los sectores y ámbitos”.Según el Ministerio, estos detalles serán debatidos en próximas reuniones, que concluirán el próximo día 16, donde se podría discutir la revisión de las retribuciones del personal, “con la intención de tener cerrado el capítulo de personal antes del día 30 de marzo”, para la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. CSIF también reclama que se incluya en la discusión la recuperación de todas las condiciones laborales perdidas durante la crisis.
Pese a la propuesta de Hacienda el sindicato considera que esta primera oferta es aún insuficiente, puesto que calcula, desde 2011 se han perdido 300.000 empleos en el sector público, lo que requeriría acabar con la tasa de reposición para poder recuperarlos. “Por otra parte, el proceso todavía tiene muchas incertidumbres puesto que los presupuestos generales no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable”.
REDUCIR LA TEMPORALIDAD AL 8%
En lo que se refiere al personal Interino, desde el Ministerio de Hacienda se planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% actual hasta el 8%, en un plazo de tres o más años, en sectores como la Educación, la Sanidad y la Justicia. Para CSIF, esta propuesta defrauda las expectativas generadas en miles de personas que siguen con atención los planes del Gobierno, tras conocerse las sentencias del Tribunal de la UE.
Desde Comisiones Obreras, por su parte, señalan su indignación porque el proceso de dotación estable de las plazas ocupadas de manera temporal o interina, “deba ser mediante un proceso de consolidación universal” y apuesta porque se autorice a cada ámbito (comunidades autónomas y entidades locales) la inclusión en sus Ofertas de Empleo Público de dichas plazas, “siendo la negociación de cada una de estas Administraciones, la que concrete procesos y formas que deben tener dichas OPE”.
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