La Justicia obliga a Castilla y León a reabrir la carrera profesional médica de 2010

Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia autonómico obliga a convocar de nuevo el proceso para incluir a todo el personal temporal que en su momento cumpliera los requisitos para acceder al reconocimiento.

La Justicia obliga a Castilla y León a reabrir la carrera profesional médica de 2010
29 junio 2017 | 10:40 h
Según informa el Sindicato Médico de Castilla y León, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la autonomía obliga al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) a volver a convocar “de manera inmediata” el proceso de acceso a la carrera profesional para incluir a todo el personal temporal que, a fecha 31 de diciembre de 2010, reuniese los requisitos necesarios para acceder al primer grado de este reconocimiento. Además, los efectos retributivos de esta convocatoria se remontarán a 1 de enero de 2012.

El sindicato también está a la espera de que se confirme otra sentencia, que podría obligar al Sacyl a convocar la carrera profesional correspondiente al año 2011
El sindicato, que interpuso el recurso ante los tribunales, asegura que también está pendiente de la confirmación de otra sentencia, que podría obligar al Sacyl a convocar la carrera profesional correspondiente al año 2011, a la que podrán concurrir todos los profesionales que, con fecha 31 de diciembre de 2011 reúnan los requisitos necesarios para acceder al grado I de carrera, o para cambiar del nivel que con esa fecha tuviesen asignado.

“Esta convocatoria correspondiente alaño 2011 incluirá el acceso al grado cuatro y enella también podrán participar todo el personal temporal que reúna los requisitos. Surtirá efectos retributivos desde 1 de enero de 2013”, indica el sindicato en un comunicado.

De materializarse ambas sentencias, el proceso podría suponer un coste de unos 28 millones de euros, según recoge La Gaceta de Salamanca, ya que en 2010 el 35% de la plantilla era temporal, por lo que los atrasos en el pago acumularían 8 millones de euros, mientras que el proceso paralizado en 2011 afecta a todos los empleados, por lo que el sindicato calcula que la administración autonómica tendría que pagar al menos 20 millones de euros.



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