“Los médicos catalanes ya son funcionarios pertenecientes a la Generalitat, porque la sanidad está transferida, y no tendría sentido que se le exigiera la nacionalidad catalana”
Esto, no obstante, no debería afectar a los médicos, pese a que, desde 2015, son considerados autoridad pública dentro del Código Penal, porque, como señala a Consalud.es Joan Escanilla, presidente de CSIF Cataluña, “los médicos catalanes ya son funcionarios pertenecientes a la Generalitat, porque la sanidad está transferida, y no tendría sentido que se le exigiera la nacionalidad catalana”.De esta forma, en principio, los facultativos tendrían que seguir trabajando bajo un orden jurídico similar al actual, dentro de la llamada “Administración General de Cataluña”, porque, además, “ninguna ley puede aceptar que se cambie el empleador de un funcionario de una administración a otra. Es decir, si eres funcionario de una administración, no te pueden pasar ahora, es un sinsentido”, añade Escanilla.
En el caso del idioma, y aunque la ley de transitoriedad establece el catalán como única “lengua propia de Cataluña", en el caso de los profesionales sanitarios tampoco habría un gran cambio, puesto que ya se les exige un conocimiento del catalán para poder trabajar, aunque, en caso de independencia, se desconoce si el nivel exigido podría incrementarse.
NO ACATAR ÓRDENES INCONSTITUCIONALES
Mientras tanto, desde el sindicato CSIF han elaborado un protocolo que recomienda a los empleados públicos catalanes, entre ellos los sanitarios, que, dentro del contexto de la desconexión, en el caso de recibir una orden por parte de sus superiores jerárquicos que entiendan que pueda ser ilegal o inconstitucional, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior persista en su requerimiento, el protocolo recomienda al profesional dejar constancia también por escrito de su parecer sobre la ilegalidad de la orden.Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes o incluso ante la Fiscalía. “En el caso de Sanidad quizás no haya mucho conflicto, pero es importante garantizar la seguridad jurídica del empleo”, concluye Escanilla.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es