Los médicos consideran que “el mantenimiento de las condiciones actuales para los trabajadores son inexcusables", por lo que “no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio”
Así lo ha señalado Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, durante unas jornadas celebradas en el Hospital de Alzira y organizada por Ribera Salud, en la que han participado expertos y representantes de sindicatos. Agustí ha puesto así de manifiesto la complejidad que supondría para la administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores que asumiera tras la anunciada reversión del centro hospitalario. Además, el experto ha negado que los 2.000 profesionales laborales del Departamento de Salud de La Ribera vayan apasar a ser trabajadores estatutarios fijos con la reversión del Hospital.
Por su parte, Nicolás González-Deleito, socio del Departamento Mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, ha señalado que “si bien la administración tiene libertad para cambiar el modelo de gestión, la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia establece que esta decisión debe estar basada en un interés público y debe realizarse previa audiencia de la empresa concesionaria”. En este sentido, González-Deleito ha aclarado que “no puede ser una decisión meramente fundada en una voluntad política”.
MEJORA DE SERVICIOS SANITARIOS
Aprovechando el encuentro, el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, ha destacado el importante papel que la empresa ha desarrollado en los últimos años para mejorar la atención sanitaria que se dispensa en la comarca de La Ribera.
Así, ha afirmado que “la colaboración público-privada ha permitido invertir más de 140 millones de euros en La Ribera en los últimos 16 años, lo que significa la mayor inversión de la historia en una comarca de la Comunidad Valenciana en la mejora de los servicios sanitarios, si exceptuamos el gran proyecto del Hospital La Fe”.
En este sentido, ha recordado “las grandes infraestructuras y servicios sanitarios” con que cuenta el Departamento de Salud de La Ribera, “solo disponible en los grandes hospitales”. Asimismo, se ha referido a los indicadores asistenciales del centro alcireño, con “unas ratios en cuanto a demoras y lista de espera que no tiene nadie en la Sanidad pública valenciana y que son valorados por los ciudadanos de La Ribera a través de las encuestas de satisfacción”.
LOS SINDICATOS, PREOCUPADOS
Por su parte en la mesa, “Consecuencias para los profesionales de la Ribera” los principales líderes sindicales han fijado su postura sobre la reversión de la concesión. Así, Andrés Canovás, del CESM Comunidad Valenciana, ha asegurado que “el mantenimiento de las condiciones actuales para los trabajadores son inexcusables y “no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio”.
Daniel Matoses del CSIF, ha asegurado que nos pronunciaremos cuándo sepamos que quiere hacer la Consejería con “las condiciones del personal, la calidad asistencial y el impacto económico para los ciudadanos”.
Javier Aznar, presidente de SATSE-Valencia, ha asegurado que la reversión de Alzira “es una decisión política” y ha remarcado que la Consejería “no nos ha contestado sobre el modelo de gestión que quiere aplicar, si empresa pública, fundación u otra figura”. Por su parte, Lourdes Ramírez de SAE Valencia, ha asegurado “que su sindicato trabajará para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y calidad asistencial”.
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