Altria Group, el gigante del tabaco que ha sido acusado durante los últimos meses por su vinculación con la “crisis del vapeo”, ha anunciado que finalmente pagarán 235 millones de dólares (215 millones de euros) para resolver al menos 6.000 demandas. Según recogen en Reuters, como principal acusación, señalan que la compañía habría ayudado a Juul Labs, la empresa de cigarrillos electrónicos, a crear una gran adicción entre los más jóvenes.
A pesar de haber repetido en numerosas ocasiones que no tenían nada que ver con este caso, Altria pone fin a casi todos los litigios presentados por parte de organismos gubernamentales locales e individuos en todo Estados Unidos. Un anuncio que llega semanas después de la presentación del distrito de escuelas públicas de San Francisco contra la compañía.
Sarah London, una de las abogadas principales de los demandantes en el litigio, señaló en un comunicado que esta decisión brindaría un alivio extraordinario para los jóvenes, padres y organizaciones de todo el país.
Altria pone fin a casi todos los litigios presentados por parte de organismos gubernamentales locales e individuos en todo Estados Unidos por 215 millones de euros
Por parte de Murray Garnick, vicepresidente ejecutivo y consejero general de Altria, no ha querido desaprovechar la oportunidad para seguir defendiendo la inocencia de la compañía. Recalcando que los reclamos en su contra “no tienen ningún mérito” pero con este acuerdo consiguen “evitar la incertidumbre y los gastos de un proceso legal prolongado”.
En marzo, la compañía informó sobre la renuncia a su participación del 35% en Juul ante los acontecimientos. A diciembre, el valor de esta parte se encontraba sobre los 250 millones de dólares(228 millones de euros), claramente por debajo de los 12.800 millones de dólares (11.717 millones de euros) que registraron en 2018.
En el caso de Juul, también llevaron a cabo la misma estrategia que Altria pero con cantidades diferentes. Resolviendo la mayoría de los casos en su contra pagando más de mil millones de dólares (915 millones de euros) a 48 estados y 700 millones de dólares (640 millones de euros) a individuos y entidades gubernamentales.