El Sistema Nacional de Salud (SNS) está haciendo frente, cada vez con más frecuencia, a cuantías más elevadas para asegurar a los profesionales sanitarios de los centros públicos y pagar las indemnizaciones con las que los diversos servicios autonómicos de salud tienen que compensar a los pacientes a consecuencia de los errores involuntarios y negligencias médicas.
Según publica El País, fuentes del sector asegurador calculan que el coste global para las consejerías de Sanidad y Salud asciende a los 65 millones, aumentándose en cerca de un 27% en apenas tres años tras las renovaciones de las pólizas de responsabilidad civil profesional.
Los procesos judiciales entre la Administración Pública y los pacientes suelen ser extensos a causa de los múltiples recursos, lo que deriva, por tanto, en un aumento de los costes
El incremento de esta partida tiene múltiples causas, como la aplicación del baremo de accidentes de tráfico, un documento publicado en 2016 y que se toma como informe de referencia por la Justicia para las negligencias médicas ante la falta de una Ley específica que regule esta cuestión.
Así mismo, el citado diario generalista expone que las demandas de los ciudadanos han proliferado como consecuencia de una mayor concienciación social. De igual modo, los procesos judiciales entre la Administración Pública y los pacientes suelen ser extensos a causa de los múltiples recursos, lo que deriva, por tanto, en un aumento de los costes.
En este contexto, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, asegura en declaraciones a El País que la mejor fórmula para solventar esta "dinámica peligrosa" de incremento de costes, el Gobierno de España tendría que fijar por Ley los baremos para las indemnizaciones y evitar, así, la "sensibilidad" de cada magistrado ante los errores.