El Consejo de Gobierno balear ha dado luz verde a la autorización previa para que el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares tramite el expediente para prorrogar el convenio de gestión entre el Servicio de Salud y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, destinado a la prestación de asistencia sociosanitaria a pacientes mayores con cuidados de larga duración en las residencias públicas. Este contrato recoge un importe máximo de 1.242.000 €, 828.000 € correspondientes a los ocho meses que restan de 2023 y 414.000 € correspondientes a los primeros cuatro meses de 2024, tras los cuales finalizará este convenio.
El objeto del encargo de gestión es encomendar al IMAS un total de 30 plazas a un precio de 115€ por cama y día. Salud pagará las plazas siempre que el paciente reciba rehabilitación. El Servicio de Salud, en los casos de ampliación de la estancia, una vez finalizados los primeros seis meses, abonará 94,00 € por día en lugar de 115,00 € por día, aunque el paciente siga recibiendo su rehabilitación.
Hasta abril de 2022, cuando se suscribió ese acuerdo por primera vez, estos pacientes eran derivados a la red privada. Gracias a este convenio, estos pacientes han sido derivados a una residencia del IMAS
La finalidad de la estancia será proporcionar los cuidados necesarios a los usuarios con déficits funcionales y cognitivos mediante la aplicación de medidas de apoyo y preventivas, incluyendo atención social, tratamiento psicológico, tratamiento médico y tratamiento rehabilitador, ajustados a las necesidades del usuario.
Hasta abril de 2022, cuando se suscribió ese acuerdo por primera vez, estos pacientes eran derivados a la red privada. Gracias a este convenio, estos pacientes han sido derivados a una residencia del IMAS, donde les prestan una atención más ajustada a sus necesidades sociosanitarias. Ahora, el Consejo de Gobierno ha autorizado al director general del Servicio de Salud a renovar el acuerdo, en los mismos términos.
Se considera una estancia máxima de seis meses, a partir de la cual el Servicio de Salud dejará de pagar por la plaza concertada y corresponderá al IMAS asumir el gasto que se genere. Habrá algunas excepciones, en las que la estancia podrá prolongarse hasta un año (cuando el usuario no tenga el reconocimiento de ningún grado de dependencia o cuando sea necesario tramitar el proceso desde el inicio, entre otras excepciones).