Hace unos meses, una compañía de ambulancias denunciaba a varios altos cargos de la Sanidad madrileña por un presunto delito de prevaricación administrativa. Concretamente, Ambulancias Alerta S.A. se querellaba contra Manuel Molina Muñoz, César Pascual Fernández, Luis Javier Fernández Abad y Santiago Cortés Sánchez.
Según el auto del Juzgado de Instrucción Nº 51 de Madrid, al que ha accedido ConSalud.es, tras escuchar a todas las partes y recabar los diferentes expedientes administrativos, “hay datos objetivos que desmontan la versión de la querellante. No sólo no está en modo alguno acreditado que los querellados tuvieran alguna participación en el retraso en el pago o que promovieran dilaciones en modo alguno, sino que además la situación de penuria económica se ve desmentida por las propias cuentas presentas por Ambulancias Alerta donde se evidencia que venían financiando operaciones de terceros en dichas fechas y tenía un saldo de caja de más de cuatro millones de euros en el momento de los hechos, lo que desde luego descarta que los retrasos en el pago de estas facturas sirviera como instrumento de coacción alguno”.
“De las diligencias de investigación practicadas se concluye de manera clara que Ambulancias Alerta SA fue requerida para que presentara plan de viabilidad tras ser propuesta como adjudicatoria del servicio y que nunca lo hizo, este plan no se presentó”
Ademán, apuntan que “de las diligencias de investigación practicadas se concluye de manera clara que Ambulancias Alerta SA fue requerida para que presentara plan de viabilidad tras ser propuesta como adjudicatoria del servicio y que nunca lo hizo, este plan no se presentó”.
Finalmente, la instructora entiende que los indicios son “absolutamente inconsistentes en relación con cualquier tipo de participación de estos hechos del Secretario General Técnico de la consejería, Luis Javier Fernández.