CSIF ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana ante el riesgo que supone, para pacientes y profesionales del sistema público de salud, la resolución de 24 de noviembre en materia de recursos humanos. Esta última permite que las direcciones de departamento de salud puedan obligar a personal facultativo a desempeñar funciones distintas de su especialidad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el escrito de interposición, pide al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “tras los trámites oportunos se dicte sentencia que anule la resolución de 24 de noviembre de 2020, de la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas para garantizar la capacidad del Sistema Valenciano de Salud en materia de recursos humanos”.
El sindicato ya manifestó su malestar en las dos reuniones de Mesa Sectorial en las que la Consejería llevó este tema. En la primera, la Administración se encontró con la oposición unánime de todas las fuerzas sindicales. CSIF alerta de que esta resolución permite que “las direcciones de departamento o centros puedan obligar a personal facultativo a desempeñar funciones distintas de las de su especialidad e incluso movilidad forzosa de trabajadores. También incluye horarios que superan la jornada laboral y la supresión de descansos, reducciones de jornada, permisos o licencias, entre otras decisiones”.
CSIF recalca que en lugar de dictar esa resolución que atenta contra los derechos de trabajadores y la seguridad de los pacientes
La central sindical avisa del riesgo que supone esa medida para usuarios y trabajadores, ya que los primeros pueden verse atendidos por un facultativo de otra especialidad a la que requieren; mientras que los profesionales, además de dejar de tratar a los pacientes de su especialidad, se ven obligados a incurrir en una responsabilidad por ejercer con un cometido que no es de su competencia.
CSIF recalca que en lugar de dictar esa resolución que atenta contra los derechos de trabajadores y la seguridad de los pacientes. La Consejería tendría que haber corregido los fallos de escasez de personal que se vienen produciendo desde hace años. Esa carencia de los necesarios recursos se ha agravado por los múltiples contagios de profesionales que se han producido, en gran medida por la falta del imprescindible material de protección en los primeros meses de la pandemia, motivo por el cual CSIF ya presentó denuncia en abril contra Consejería de Sanidad.