La Generalitat Valenciana no ha tardado en reaccionar a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba el Decreto Ley de acceso universal a la sanidad en esta comunidad tras estimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.
A pesar de acatar dicho dictamen, tanto Ximo Puig, presidente autonómico, como Carmen Montón, consejera de Sanidad, han manifestado su rechazo a la sentencia: “no es justa ni humana”, ha apuntado Puig. Por ello, ambos dirigentes valencianos han anunciado que pondrán en marcha una nueva norma que garantice el acceso universal a personas extranjeras en situación administrativa irregular.
Montón subraya que seguirá exigiendo a Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, la derogación del decreto 16/2012, normativa que considera "el principio de todo el problema"
Según han explicado, la Abogacía está estudiando cuál es la mejor manera para “reforzar” el derecho que actualmente se presta en los centros valencianos a estas personas, anulado por el TC, para que a través de instrumentos jurídicos no se pierda. Ha sido Puig, en este caso, quien ha adelantado que podría ser un nuevo decreto o una orden de la Consejería de Sanidad.
Aunque el presidente valenciano ha subrayado que no quiere “seguir judicializando el proceso”, esta nueva norma supone un nuevo reto al Ejecutivo central. Ximo Puig, de hecho, ha tachado de “injustificable” que se emplee la vía judicial para defender posicionamientos políticos y ha criticado que haya “fuerzas políticas que intentan cercenar los derechos de los ciudadanos y limitar la igualdad de oportunidades”.
Por su parte, Montón se ha expresado en la misma línea que Puig, a la vez que ha apuntado que seguirá exigiendo a Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, la derogación del decreto 16/2012, el cual cree es “el principio de todo el problema”. Y es que, según la consejera valenciana, “no estaríamos en esta situación si el gobierno de Marian Rajoy abandonara el modelo sanitario de exclusión, de discriminación y de desigualdad que aplicaron como una medida de recorte aunque nunca se a justificado tal ahorro económico”.