El Supremo rechaza el sistema de Montón para cobrar liquidaciones en las reversiones de Valencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Ejecutivo que preside Ximo Puig contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv).

Carmen Montón, durante su etapa como consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana
Carmen Montón, durante su etapa como consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un auto por el que rechaza un sistema que intentó poner en práctica la exministra de Sanidad, Carmen Montón, durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.

Según informa El Mundo, la que fuera consejera buscó cobrar las liquidaciones a los cinco centros hospitalarios que integran el modelo Alzira: Manises, Denia, Elche-Crevillente, Torrevieja y La Ribera, este último antes de ser revertido a gestión pública el pasado 1 de abril.

La resolución del Alto Tribunal implica que las liquidaciones serán calculadas en base a los acuerdos adoptados en las comisiones mixtas

De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha rechazado el recurso de casación del Ejecutivo que preside Ximo Puig contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) el pasado 16 de enero por la que se estimaba la petición del Hospital de Manises contra el sistema creado por la que extitular de Sanidad.

La resolución del Alto Tribunal implica que las liquidaciones serán calculadas en base a los acuerdos adoptados en las comisiones mixtas. Tal y como señala el citado diario, estos pactos suponen que las liquidaciones de Manises, reflejan una cuantía de 178 millones a favor de la Administración Pública entre los años 2009 y 2011, ahora tendrán que volver a calcularse a la baja.

Por todo ello, el auto emitido por el Supremo va a suponer que el Gobierno valenciano deje de percibir en sus arcas públicas un significativo montante, fijado en decenas de millones de euros

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