El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha pedido a las administraciones catalanas y al Parlamento de Cataluña que emprendan los mecanismos legales necesarios para que se haga efectivo el derecho a la atención sanitaria universal. Paralelamente, insta al Gobierno del Estado a recuperar el modelo sanitario de atención universal previo al año 2012 y a legislar el derecho de acuerdo con los principios de igualdad y no-discriminación. También reclama al Gobierno del Estado que deje los temas sanitarios al margen del conflicto con Cataluña para evitar la instrumentalización partidista, como ha sucedido en el caso del recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley catalana de sanidad.
En una rueda de prensa en el Parlamento, el Síndic ha reiterado este jueves las razones por las que la universalización de la atención sanitaria es “una medida necesaria, factible y beneficiosa para Cataluña”. Las declaraciones han sido realizadas en el marco de la presentación a la prensa del Informe sobre la universalización de la asistencia sanitaria, que ha remitido al Parlamento, al Departamento de Salud, al Defensor del Pueblo y al Gobierno del Estado.
“La creencia de que las personas extranjeras socialmente desfavorecidas abusan de los recursos sanitarios no tiene ningún fundamento; el gasto económico en salud pública de este colectivo es residual”
“El documento recopila diversas argumentaciones, no sólo éticas, sino también legales y económicas, que justifican la legislación y la implementación de un sistema de salud pública de acceso universal”, apuntan desde el Síndic.
De este modo, pide a la Administración sanitaria que proporcione una información veraz y clara, e intente resolver las dudas que se puedan plantear “de una manera resolutiva y segura, mostrando una actitud empática”.
A su vez, han señalado que, “con el objetivo de desmentir mitos, el Informe aporta datos que indican que, a pesar de estar muy arraigada, la creencia de que las personas extranjeras abusan de los recursos sanitarios carece de fundamento alguno”.
“Hoy en día estas personas no se pueden beneficiar de los programas de salud preventivos, que suponen un gasto muy inferior a los tratamientos de urgencia de enfermedades graves o de carácter crónico”
Según datos de CatSalut, en el mes de abril de 2018 había 114.573 personas extranjeras empadronadas en Cataluña que no estaban acreditadas como aseguradas ni beneficiarias, ni se encontraban dentro de los supuestos de asistencia sanitaria en situaciones especiales que regula la norma estatal. Estas personas representan el 1,53% de la población residente en Cataluña. Además, en general son personas sanas (la mayoría entre 20 y 50 años) que utilizan un 50% menos que el total de población los recursos de salud (excepto el servicio de urgencias, del que hacen un uso similar). En cuanto al gasto sanitario, con datos de 2016, el gasto per capita también es la mitad que el de la población total. En definitiva, estamos hablando de un 0,9% de población que genera el 0,4% de gasto sanitario.
A su vez, el Síndic apunta que, desde una perspectiva económica, “negar la cobertura de determinadas prestaciones a largo plazo puede ser perjudicial. Así, por ejemplo, de acuerdo con la normativa actual, hoy en día estas personas no se pueden beneficiar de los programas de salud preventivos, que suponen un gasto muy inferior a los tratamientos de urgencia de enfermedades graves o de carácter crónico. El Informe incide en que es preciso superar la vinculación del derecho a la cobertura con el hecho contributivo”.
TURISMO SANITARIO FRAUDULENTO Y ATENCIÓN AL MENOR
Sobre el turismo sanitario fraudulento, el Síndic ha señalado que se debe combatir, pero que no se debe confundir con el acceso universal a la asistencia sanitaria.
En lo que concierne a específicamente a los niños y adolescentes, el Síndic ha sugerido al Departamento de Salud que la información que ofrecen los centros del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) con respecto al derecho de todas las personas menores de edad sea clara, independientemente de la documentación que aporten. También ha añadido que es necesario acompañar a los servicios sociales municipales para que se clarifique y se promueva la efectividad de este derecho entre los colectivos más vulnerables, como por ejemplo niños o adolescentes extranjeros no acompañados o familias itinerantes o que se encuentran en situación de irregularidad administrativa, que pueden sentir temor a la hora de acudir a los servicios sanitarios.