La aplicación del artículo 155 de la Constitución permitiría al Gobierno actuar y recuperar el control del funcionamiento actual de las “embajadas” catalanas en el extranjero.
Aunque todavía está en el aire si la solución primera será cerrar sus oficinas, la opción que más se baraja es la del control y vigilancia por parte de los embajadores españoles de cada uno de los países con presencia “diplomática catalana”.
La apuesta de la Generalitat estos últimos años por defender la independencia catalana en el exterior y con la creación de “embajadas” ha ido acompañada de un incremento del presupuesto dirigido a esta partida. Así, se pasó de los 2,2 millones de euros en 2014, a los 6,5 millones en 2017.
Desde 2014, el presupuesto para delegaciones exteriores de Cataluña ha pasado de ser de 2,2 millones de euros a ser de 6,5 millones
Mientras el Gobierno catalán se ha esforzado económicamente en buscar apoyo independentista fuera de España, otras partidas como la de sanidad siguen siendo insuficientes. De esta forma, y aunque Cataluña incrementó en 2017 su presupuesto en Sanidad en 408 millones de euros, la cifra no permitirá recuperar la dotación de camas hospitalarias que se han recortado en los últimos años. De hecho, desde 2012, Cataluña ha perdido casi 800 camas hospitalarias en funcionamiento, según los últimos informes del Sistema Nacional de Salud (SNS), y un estudio de Comisiones Obreras señalaba que Cataluña había liderado los recortes en camas hospitalarias entre 2010 y 2014, en los que la autonomía perdió 2.079 plazas de hospital.
Por otro lado, y en lo que respecta a los presupuestos catalanes de 2017, el Departamento de Salud de Toni Comín ha elevado un 2,3% su partida para la dotación de personal en el ámbito de la salud. En la práctica, sin embargo, esto supone incrementar la plantilla en 1.637 efectivos respecto al año 2015, lo tampoco servirá para cubrir los 4.800 empleos que se perdieron sólo en el Instituto Catalán de Salud (ICS) entre el 2010 y el 2015, según los datos oficiales del último Plan de ordenación de Recursos Humanos de la institución catalana.
Además, tanto el Colegio de Médicos de Barcelona como el Sindicato Médico de Cataluña denunciaron que los presupuestos catalanes suponían un "menosprecio" al personal médico, por la rebaja a la mitad del complemento de productividad variable por objetivos (DPO) y la devaluación de la carrera profesional que supone.
Ante la insuficiencia del presupuesto sanitario en Cataluña, el cierre o control de las “embajadas catalanas” podría conllevar que partidas tan elevadas como las dirigidas a buscar apoyos en el extranjero, se redirijan a la sanidad catalana.