El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha apostado por la necesidad de articular un sistema único y automático que recopile los datos sobre interrupciones voluntarias de embarazo en todo el país, puesto que las cifras de la Xunta y las facilitadas por el Ministerio de Sanidad sobre los abortos en Galicia no resultan coincidentes.
De este modo, según los cálculos recogidos en un informe remitido al Parlamento autonómico por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) a principios de año, en 2022 se practicaron en la Comunidad un total de 3.532 abortos. Sin embargo, el Ministerio de José Miñones ofrece la cifra de 2.975. El desfase entre ambos números es de 557. Con respecto a estas diferencias en las cifras, el consejero de Sanidad ha alegado que el Sergas tiene un sistema "digital" de volcado de estas cifras, es decir, la actividad de interrupciones voluntarias de embarazo se registra "de modo automático".
"No es entendible" que en pleno año 2023 se haga de esta manera, como "hace 30 años", mientras el Sergas lo mide "de modo automático"
García Comesaña ha afirmado que el Ministerio recaba los datos a través de cuestionarios "largos, tediosos y con conceptos que no tienen sentido a día de hoy" y que son los médicos los que se encargan de rellenarlos. "Nosotros no les pedimos a nuestros profesionales que dediquen horas a cubrir unos cuestionarios obsoletos", ha añadido.
En este contexto, el titular de la cartera sanitaria de la Xunta lleva "mucho tiempo" diciendo al Ministerio que "no es entendible" que en pleno año 2023 se haga de esta manera, como "hace 30 años", mientras el Sergas lo mide "de modo automático". Así las cosas, García Comesaña ha reiterado que la sanidad gallega desarrolla la ley del aborto "en todas sus consecuencias" y desde el "ámbito público", aunque alguna vez se recurra -ha reconocido- a "entidades privadas". De hecho, el consejero ha dicho que hay ocasiones en las que son las propias pacientes las que solicitan esta posibilidad.
Entre los años 2019 y 2022, el Sergas derivó a clínicas privadas el 35% de las interrupciones voluntarias de embarazo. Asimismo, la Consejería licitará por casi 1,4 millones para los próximos tres años (prorrogable a cinco) la práctica de interrupciones de embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo en el sector privado.