El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (Coepo), Carlos Fernández Gómez, se ha declarado culpable de un delito de gestión desleal y ha aceptado dos años de cárcel en una vista por conformidad celebrada en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. Tras este pacto con la Fiscalía, se ha retirado la acusación contra la esposa e hija del implicado. El procesado aceptó la pena de prisión, sin que tenga que entrar en la cárcel si no vuelve a delinquir.
El todavía presidente del colegio, estará inhabilitado durante dos años para ejercer la profesión y para cualquier cargo público. Además se le ha impuesto una multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización de casi 158.000 euros al colegio.
Los tres implicados fueron acusados de utilizar el organismo para blanquear dinero de empresas de la familia
La instrucción de este caso comenzó en marzo de 2021, cuando el presidente del Colegio, su mujer y su hija fueron detenidos por esas supuestas irregularidades en la gestión del Colegio, y por utilizar el organismo para blanquear dinero de empresas de la familia. En julio de ese año, los tres fueron puestos en libertad tras pasar tres meses en prisión provisional.
Se da la circunstancia de que, en septiembre de 2021, un juzgado de lo Social de Vigo declaró nulo el despido de un extrabajador del Colegio, el responsable de comunicación, y en su fallo vio acreditada la existencia de un "entramado empresarial" con "testaferros" tras la gestión del Colegio. Así, en su resolución, la magistrada señalaba que tras la entidad había un "entramado" de empresas que se encargaban de diversas cuestiones, por lo que el propio colegio quedaba "vacío de contenido".
Carlos F.G., su mujer y su hija estaban detrás de Galaprint, empresa dedicada a la impresión y dueña del local que ocupa el Colegio; también estaban detrás de Gestión Jurídica Gallega, que daba asistencia jurídica al Colegio; y de Instituto Gallego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que daba cursos a los colegiados; por esos servicios, las empresas cobraron ingentes cantidades de dinero. Las empresas tenían, en apariencia, sus propios administradores, pero eran en realidad testaferros, según se apuntaba en esa sentencia de lo Social.