ENTRE EL GOBIERNO FORAL Y EL TSJ

Acuerdo en Navarra para la atención a la salud mental de las personas en procesos penales

El Gobierno de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esta comunidad avanzan en la atención personalizada centrada en la reinserción y los derechos de las personas presas.

Eduardo Santos, Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra (Foto: @ESantosItoiz)
Eduardo Santos, Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra (Foto: @ESantosItoiz)

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03.03.2022 - 18:10

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, han firmado y formalizado este miércoles un protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales.

Este protocolo se enmarca en la reciente asunción de las competencias de sanidad penitenciaria por parte de la Comunidad Foral y en la estrecha colaboración que el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa mantiene con juzgados, tribunales, instituciones penitenciarias y distintos proyectos con la población reclusa.

El protocolo busca que la atención a las patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de quienes han cometido delitos por su enfermedad

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta, en la actualidad, el sistema penitenciario español es el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad.

Así, este protocolo de colaboración tiene por objeto precisamente coordinar la relación entre los operadores jurídicos y sanitarios, para que la atención a estas patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de aquellas personas que han cometido delitos a causa de su enfermedad.

Establecer este tipo de mecanismos de coordinación es necesario para conseguir una atención sanitaria y social adecuada de todas las personas que, presentando alguna de estas patologías, se vean incursas en procedimientos judiciales penales ante los órganos judiciales de Navarra o estén cumpliendo penas o medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios situados en la Comunidad Foral con independencia del tribunal sentenciador.

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