El Consejo de Gobierno del País Vasco ha autorizado, a propuesta del consejero de Salud, Jon Darpón, un gasto de 6.625.000 euros destinado a la concesión durante 2018 de ayudas para garantizar la adherencia a los tratamientos farmacéuticos a aquellas personas que, por su situación de vulnerabilidad, no podrían hacer frente al coste añadido impuesto por el copago farmacéutico.
Estas ayudas se enmarcan en la oposición mostrada en todo momento por el Gobierno Vasco al copago farmacéutico, un rechazo firme que propició que fuera la primera comunidad del Estado que implementase medidas de compensación destinadas a pensionistas y grupos desfavorecidos. En estos cinco años consecutivos, han sido más de 400.000 las ayudas concedidas por el Gobierno Vasco, por un cuantía superior a los 25 millones de euros, a los que habría que añadir los más de seis millones consignados en los presupuestos del 2018 (ampliables en caso de necesidad).
"La equidad en la salud es un principio irrenunciable, y por eso seguiremos trabajando para salvaguardar nuestro sistema sanitario y hacer el acceso a la salud un derecho de todas las personas"
El pasado año 2017 destinó un total de 5.250.000 euros a las personas beneficiarias de las 95.625 solicitudes atendidas. El primer plazo fue abonado ya por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco a finales de julio de 2017, por un importe de 2.107.989,27 €, y en breve se va a iniciar el pago del segundo plazo. Por ello, Darpón ha subrayado el hecho de que el esfuerzo realizado por el Gobierno Vasco para paliar los efectos del copago farmacéutico ha beneficiado a los sectores de la población vasca más vulnerables. "Para nosotros, la equidad en la salud es un principio irrenunciable, y por eso seguiremos trabajando para salvaguardar nuestro sistema sanitario y hacer el acceso a la salud un derecho de todas las personas", ha declarado.
Hay que recordar que el pasado mes de noviembre fue aprobada la modificación del Decreto de estas ayudas económicas para incorporar dos nuevos colectivos de beneficiarios: personas en situación legal de desempleo perceptoras de prestación por desempleo y personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como complemento a sus rentas del trabajo; con ingresos, en ambos casos, no superiores a los 18.000 euros. Estos colectivos se sumaron así a los que hasta ahora venían recibiendo las ayudas: pensionistas con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros, personas en situación de desempleo sin prestación económica, y personas inmigrantes en situación de residencia irregular.